Mediante un real decreto-ley de medidas urgentes aprobado en el Consejo de Ministros de este viernes, el Ministerio para la Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera ha puesto fin a un impuesto que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó también por real decreto en octubre de 2015, el popularmente llamado “impuesto al sol”.
Entre las medidas aprobadas para favorecer el autoconsumo, se simplifican trámites como la inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica para aquellas instalaciones no superiores a 100 kW; se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores (según la ministra, el 65 % de los españoles vive en régimen de covecindad, lo que permitirá aprovechar las economías de escala), así como a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos.
Según el Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía (IDEA), la potencia eléctrica registrada en instalaciones de autoconsumo en España asciende a 1.196 MW, de los cuales 170 MW corresponden a instalaciones de fuentes de energía renovables. Además, esta semana Greenpeace hizo público un estudio según el cual, la promoción del autoconsumo ahorraría 1.770 millones de euros a España.
El Gobierno pretende hacer más sencilla la transición hacia un modelo energético limpio y accesible al eliminar una serie de barreras regulatorias que han «dificultado y desincentivado» la implantación del autoconsumo eléctrico en España.
Pero además, también se han aprobado otras medidas para la transición energética y la protección de los consumidores:
1.- La ampliación del bono social eléctrico: el actual bono social eléctrico amplía su cobertura y prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años; y se extiende, además, a familias monoparentales.
2.- Creación de un bono social para calefacción: una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen.
3.- Medidas de protección para los consumidores para optimizar la contratación de suministro eléctrico: entre otros aspectos se contemplan cambios en los escalones de contratación de potencia, en los datos a los que pueden acceder las comercializadoras y la forma de ofertar sus servicios.
4.- El cumplimiento de los objetivos en energías renovables: se ha probado una prórroga excepcional, y por una sola vez (hasta el 31 de marzo de 2020), para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la aprobación de la Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre de 2018. De esta manera se evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, y se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los cerca de 9.000 MW de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimiento.
«De los más de 9.000 MW (de las subastas renovables) que tenían que estar instalados de aquí a 2020 y que tenían que terminar sus procedimientos antes del 31 de diciembre del 2018 solamente lo están 80”, precisó Ribera.
5.- El impulso al vehículo eléctrico: para aumentar la presencia de puntos de recarga públicos, se elimina la figura del gestor de carga.
6.- La moderación en los precios de electricidad, para la que se han adoptado dos medidas temporales: la suspensión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica y la exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos (según el ministerio, el impacto de estas medidas en el recibo de la luz será de alrededor del 4 %).
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