Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, asistió este lunes a un encuentro en el Fórum Europa, en Madrid, donde prometió que habrá una solución “razonable” para las familias afectadas por el recorte a la retribución de la producción renovable llevado a cabo por el Gobierno de Rajoy y aseguró que llegará “pronto».
“Hubo un problema que se trasladó a los inversores en renovables”, lamentó Ribera durante su intervención en este evento organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, al ser preguntada por este asunto por un representante de la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier).
A este respecto, denunció que el anterior Ejecutivo tomó la decisión de recortar estas retribuciones sin ninguna previsión de compensación para los afectados, que eran tanto fondos internacionales como pequeños inversores.
“Fue un muy mal precedente para lograr recuperar la confianza en el proceso de transición ecológica”, añadió Ribera antes de recordar que requerirá grandes inversiones.
A finales de septiembre, la ministra indicó en el Parlamento que cumplir con el acuerdo de París sobre Cambio Climático requerirá que España facilite la inclusión de entre 6.000 y 7.000 MW de potencia de energías renovables en el sistema eléctrico al año hasta el 2030. Del total de 9.000 MW que se adjudicaron en las subastas de renovables, solo se han instalado 80 MW, según confirmó la ministra en la rueda de prensa posterior a la aprobación del real decreto-ley de medidas urgentes para impulsar la transición energética el pasado 5 de octubre.
Por otro lado, Ribera indicó que el Gobierno enviará la Ley de Cambio Climático y Transición Energética al Parlamento “antes de fin de año” y deseó que sea tramitada con el respaldo de todos los grupos parlamentarios y entre en vigor antes de que concluya la actual legislatura. “No hay tiempo que perder”, añadió.
Ribera subrayó que la ley “no debe limitarse” a fijar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero en España, sino que tiene que “sentar las bases para transformar el modelo productivo y de consumo” después de que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) haya instado a la comunidad internacional a tomar medidas para evitar que el calentamiento global supere 1,5ºC con respecto a los niveles de la era preindustrial.
En esta línea, Ribera afirmó que las centrales térmicas de carbón “tienen poco recorrido” y estimó que su funcionamiento “difícilmente llegará a diez años”.
La ministra mostró su preocupación ante “la falta de anticipación” de las zonas donde se ubican estas centrales para buscar alternativas. “Es dramática”, denunció.
A este respecto, recordó que existe “un marco comunitario que me viene dado” que obliga a los titulares de las centrales a cumplir ciertas obligaciones medioambientales o a cerrar. “Cada titular debe hacer sus cuentas y presentar sus propuestas”, apuntó Ribera, quien señaló que el Gobierno, en función de aspectos como la seguridad de suministro, debe autorizar o no el cierre de dichas instalaciones.
En todo caso, expresó su compromiso de hablar con los alcaldes y trabajadores afectados por estos cierres que, según advirtió, suponen “un monocultivo” para algunas zonas, y de buscar soluciones que permitan “la recuperación de un futuro industrial y económico con actividades que permitan que la gente pueda seguir viviendo donde vive con condiciones adecuadas”.
En cuanto al futuro de las centrales nucleares, señaló que la decisión programática del PSOE de no prolongar su vida útil, lo que supondría el cierre total de estas instalaciones en España en 2028, “es una referencia importante”.
Sin embargo, apuntó que todavía no se puede tomar una decisión ya que falta información como la que aportarán los escenarios de descarbonización previstos para 2030 y 2050, que formarán parte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que el Gobierno quiere aprobar antes de que concluya 2018.
En la misma línea, indicó que también es necesario, para determinar el futuro de las nucleares, contar con un Plan actualizado sobre las nuevas obligaciones de seguridad en la gestión de los residuos radioactivos.
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