“Mecanismos adecuados, objetivos insuficientes”

Las cinco principales organizaciones ambientales a nivel estatal (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) han remitido al Ministerio para la Transición Ecológica sus observaciones preliminares sobre el primer borrador de la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Las observaciones se han preparado en respuesta al borrador del texto legislativo enviado por la Oficina Española de Cambio Climático a todos los representantes del Consejo Nacional del Clima.

Las organizaciones, miembros del Consejo Nacional del Clima y el Consejo Asesor de Medio Ambiente, consideran que el texto, como primer avance de la propuesta legislativa que se someterá a información pública en breve, cuenta ya con casi todas las herramientas principales necesarias para estar a la altura de otras normas estatales aprobadas en otros países en los últimos 10 años en esta materia. En su valoración, felicitan al gobierno por el reconocimiento de la necesidad de actuar con urgencia y ambición ante la amenaza del cambio climático y así garantizar que España hace su parte para limitar el calentamiento global al 1,5 ºC como máximo, tal y como recomiendan los expertos del IPCC.

En una valoración global, la propuesta de ley contiene grandes avances en la lucha contra el cambio climático y en la transición energética, aunque no son suficientes, dada la magnitud del reto al que nos enfrentamos. En especial, el objetivo de reducir las emisiones solo un 20 % en 2030 respecto a 1990 es claramente insuficiente, así como la falta de un calendario para el cierre de las centrales de carbón y nucleares.

Aspectos positivos
En opinión de estas organizaciones, los elementos más positivos incluidos en el borrador son:

La inclusión de objetivos de descarbonización y transición energética a medio y largo plazo, como el objetivo de un sistema eléctrico 100 % renovable o la prohibición del uso de combustibles fósiles en automoción.
La prohibición de las nuevas prospecciones de hidrocarburos y del ‘fracking’.
La prioridad de acceso a las redes para las energías renovables.
La retirada de las nuevas inversiones del gobierno que favorezcan los combustibles fósiles, así como la desinversión de los activos existentes.
La implicación del Banco de España, las instituciones financieras y las empresas cotizadas en la identificación y reducción de riesgos del cambio climático para la economía.
Impulsar el cumplimiento de los objetivos de la ley mediante la contratación pública.
Las propuestas para la movilidad sin emisiones y la rehabilitación de edificios para mejorar su eficiencia energética.
Los instrumentos de planificación para ordenar la reducción de emisiones en el contexto de una estrategia a largo plazo, mediante presupuestos de carbono a revisar regularmente.
Los requerimientos de participación y consulta pública.
La inclusión de mecanismos para garantizar la transición justa.
Un marco financiero y fiscal para impulsar las medidas necesarias de descarbonización.
Procesos para evaluar los impactos del cambio climático y para planificar las acciones necesarias de adaptación.
La creación de un comité independiente de expertos para asesorar al gobierno.

En su conjunto, estos elementos incluyen las herramientas principales reconocidas a nivel internacional como ‘las claves de éxito’ de una ley para impulsar la lucha contra el cambio climático dentro de un marco estable y predecible.

Aspectos poco ambiciosos
No obstante, las organizaciones ambientales valoran la necesidad de mayor ambición en varias cuestiones muy relevantes, y por ello han enviado al gobierno un documento detallado con propuestas de mejora, entre las que se encuentran:

Aumentar la ambición de los objetivos de reducción de emisiones acordes con la contribución que corresponde a España al esfuerzo internacional por limitar el calentamiento global a 1,5 ºC. En este sentido, las organizaciones ecologistas proponen alcanzar emisiones netas cero para el año 2040 en lugar del -90% para 2050 propuesto por el gobierno; y aumentar significativamente la reducción de las emisiones para 2030, teniendo en cuenta que hasta el Parlamento Europeo propone una reducción del 55%, frente al 20% propuesto por el gobierno.
Prohibir la venta de nuevos automóviles de combustión fósil para 2028 en lugar del 2040.
Alcanzar un 100 % de penetración de energías renovable en 2040 no solamente en el sector eléctrico (que de hecho debería ser el objetivo para 2030), sino en el conjunto del sistema energético.
Reducir la demanda de energía en un 55 % en los próximos 25-30 años respecto al 2007 (en lugar del -35 % no vinculante respecto a 2005, de la nueva normativa europea).
Dejar a posteriores reglamentaciones otros objetivos, ya que dependerán de la voluntad de sucesivos gobiernos.

Carencias principales

Por último, se propone una serie de contenidos nuevos y cambios de redacción para resolver varias carencias importantes identificadas por las cinco ONG en el borrador. Frente a estas carencias, las organizaciones ecologistas proponen:

Un calendario de cierre programado de las centrales de carbón y nucleares para antes del año 2025.
La prohibición de que la mismas grandes empresas sean propietarias tanto de centrales de generación como redes de distribución eléctrica.
La restricción de los ‘mecanismos de capacidad’ a las energías renovables y la energía almacenada de ellas.
La prohibición de nuevas infraestructuras de combustibles fósiles y de tecnologías de geoingeniería y captura y almacenamiento industrial de CO2.
Una tasa sobre las emisiones de CO2 y otras medidas específicas de ecofiscalidad.
Transformar los presupuestos de carbono en un instrumento obligatorio y que sean vinculantes.
Recoger en la ley un papel mucho más destacado para la participación pública, del Comité Independiente y del Congreso de los Diputados en las políticas y acciones desarrolladas en la lucha contra el cambio climático.

Más coherencia climática

Faltan también, a juicio de estas organizaciones, instrumentos claros para impulsar la reducción de las emisiones de forma urgente en los sectores de la agricultura, la ganadería, la gestión forestal, los residuos, la industria y la ordenación urbanística y del territorio. Además, el análisis de los impactos y riesgos del cambio climático y las propuestas de acción se deberían detallar y fortalecer más en algunos de estos sectores, así como otros como el agua, la salud pública y las emergencias civiles.

La ley debería reconocer que el eje vertebral de la política de adaptación al cambio climático es la protección, conservación y restauración de los ecosistemas y la biodiversidad, e incluir criterios de adaptación y aumento de la resiliencia frente al cambio climático. Las ONG consideran que en el cumplimiento de los objetivos de la ley es necesario ampliar las garantías para la protección de la biodiversidad y la función de sumidero de emisiones de los ecosistemas naturales, y la sostenibilidad de la bioenergía, con medidas específicas de planificación, restauración, gestión y certificación.

Finalmente, reivindican que el texto legislativo incluya más detalles sobre los compromisos de política exterior (por ejemplo en el comercio, la financiación climática y la cooperación al desarrollo); aumente el compromiso del gasto público en medidas de acción climática (del 20% al 30%); garantice que todas las propuestas legislativas del gobierno se analicen desde la perspectiva del cambio climático y de la biodiversidad; y aborde el reto de las ‘pérdidas y daños’ ocasionados por los impactos del cambio climático dentro del territorio español.

Ambición consensuada

Las organizaciones ecologistas, que llevan una década reivindicando la aprobación de una norma estatal ambiciosa en esta materia, instan a todos los sectores sociales, económicos y los medios de comunicación a profundizar en el debate sobre cómo plasmar la ambición necesaria en esta iniciativa legislativa tan importante. Los beneficios serían numerosos para la sociedad y la imagen del país dentro de la Unión Europea y en el escenario internacional. Asimismo, insisten en la necesidad de tramitar en paralelo el anteproyecto de ley y el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que todavía no se ha sometido a consulta pública, trámite obligatorio antes de su posterior presentación a la Comisión Europea para finales de 2018.

La ciencia del informe del IPCC sobre 1,5ºC marca un reto claro. Los grupos ecologistas animan al gobierno a plasmar sus recomendaciones y con el apoyo y consenso del resto de las fuerzas políticas, actuar con más valentía y responsabilidad. El objetivo debe ser situar a España entre los países más solidarios y comprometidos, con una ley a la altura del potencial y la responsabilidad de nuestro país.

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