El pasado día 21 de noviembre, he tenido el honor de ser invitado por la Alianza Mar Blava a participar en un debate en el Parlamento Balear sobre “El impacto de las instalaciones energéticas en el territorio”.
Compartí debate con una representante de una compañía eléctrica, la redactora del Plan Territorial Insular de Menorca y una representante de una organización ecologista.
Con este título para la mesa y teniendo en cuenta que nos estábamos refiriendo a la que es probablemente la Comunidad Autónoma con el mix eléctrico más contaminante de España , 91% proviene de combustibles fósiles de los cuales el 60% es carbón, con problemas como los del municipio de Mahón que se encuentra en el 2% de los municipios más contaminados de España, lo que una persona racional podía esperar era que la representante del grupo ecologista pusiera en evidencia el impacto en el territorio de las instalaciones energéticas existentes. Que solicitara la sustitución de estas centrales lo antes posible por instalaciones de energías renovables y oponerse al proyecto de una nueva central a gas en Menorca y a los proyectos de gasificación de la Isla por la hipoteca ambiental que suponen para la misma.
Pero para mi sorpresa, su intervención se centró en oponerse a los “macroparques fotovoltaicos” por estar “basados en la rentabilidad económica de un solo inversor “y considerar necesaria “la planificación territorial, la democratización energética y la descentralización”.
Partamos de una premisa normalmente aceptada de todas las fuentes de producción de energía eléctrica: probablemente la Fotovoltaica es la tecnología que menor impacto tiene en su fase de producción de energía. Prácticamente su único impacto es la ocupación del territorio. Ocupación que con una adecuada política de reciclaje y gestión de residuos puede desmontarse sin ninguna traza permanente al finalizar su vida útil. En el caso del autoconsumo hay un cierto impacto estético en algunos casos, impacto que puede ser atenuado con una correcta integración arquitectónica. Pero impacto cero en las emisiones de CO2 o en la salud de las personas.
La energía fotovoltaica, además, ha conseguido una reducción de costes de más del 90 % en los últimos diez años lo que la ha posicionado también, con buen recurso, en ser probablemente la tecnología que es capaz de producir energía al menor coste.
Frente a esto tenemos el mix eléctrico balear actual que no solo no es sostenible ambientalmente, sino tampoco económicamente. El coste medio de producir electricidad en las islas está en el entorno de los 125 €/MWh contra los 54€ de la península o los 40€ a los que podría producir una planta fotovoltaica. Sobrecoste financiado por todos los ciudadanos y consumidores del conjunto del país.
La transición ecológica de Baleares no es solo una necesidad ambiental, sino también una necesidad económica. Si el sistema de solidaridad interterritorial dejara de funcionar se iba a encontrar con un importante problema de costes eléctricos.
Tengamos en cuenta además, que las isla de Menorca y Formentera reúnen las características para poder avanzar en un tiempo relativamente corto hacia su sostenibilidad eléctrica.
El sector fotovoltaico es el primer interesado en una adecuada planificación territorial, que deje clara las áreas en las cuales es posible el desarrollo de plantas fotovoltaicas, nadie está interesado en perder su tiempo ni su dinero. En este sentido, el Gobierno Balear ha venido desarrollando en los últimos años un interesante trabajo.
Creo que todos compartimos que la planificación energética para alcanzar esta sostenibilidad debe de partir de maximizar el ahorro y la eficiencia energética, haciendo especial hincapié en la eliminación de los picos de demanda. A partir de ahí hay que desarrollar en primer lugar el autoconsumo, pero esta posibilidad, incluso en un entorno regulatorio como el que se está diseñando en estos momentos, sin barreras pero de libre mercado, tiene un alcance limitado, como ha
Demostrado recientemente un estudio del propio Govern. Por lo cual en paralelo hay que avanzar con plantas fotovoltaicas, priorizando su instalación en zonas de escaso valor paisajístico y conexión eléctrica cercana y con un estricto cumplimiento de la normativa ambiental y de patrimonio histórico.
Es deseable que en este desarrollo fotovoltaico jueguen un papel importante las iniciativas sociales, municipales, de cooperativas y pequeñas iniciativas privadas. Pero hay que ser conscientes de que el volumen económico que se necesita para la transición ecológica balear es de una magnitud que difícilmente podrá ser asumida íntegramente por estas iniciativas. Pensemos que solo la Isla de Menorca va a necesitar inversiones por un importe superior a 500 millones de euros.
Vivimos en una economía de mercado, y como es normal, la iniciativa privada solo se va a movilizar para invertir en sostenibilidad en un entorno en el cual encuentre una retribución adecuada a sus inversiones.
Para empezar a avanzar es necesario que se desarrollen los instrumentos que garanticen una adecuada retribución a los inversores. Comenzando con la convocatoria de las subastas de nueva potencia, anunciada en repetidas ocasiones pero nunca convocada para Baleares, en la que se reserve una y el estudio de iniciativas regulatorias como la recientemente aprobada por Italia en la que se reinvierte parte de los beneficios sustituyendo fósiles por renovables en financiar nuevos proyectos.
La lucha contra el cambio climático solo triunfará si todos ciudadanos, empresas, asociaciones, administraciones, interiorizamos en nuestros procesos de decisión el impacto que van a tener nuestras actuaciones en la reducción de las emisiones de CO2. El cambio climático no espera a que lleguen mundos supuestamente ideales . El coste de oportunidad de no hacer nada es muy alto para Baleares.
José Donoso, director general de UNEF
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