La ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, justificó en su intervención en el Congreso la necesidad del Decreto Ley, pues “la Unión Europea nos permitía subvencionar el carbón nacional” no competitivo solo hasta finales de 2018.
El Gobierno promovió “contrarreloj” el Acuerdo marco para la transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, suscrito el pasado 24 de octubre entre el Ministerio, UGT, CCOO, USÓ y la patronal Carbunión.
Tanto el Partido Popular como Unidos Podemos se abstuvieron en la votación y coincidieron también en criticar el Real Decreto.
El diputado del PP José Alberto Herrero afirmó que el acuerdo pone en peligro la seguridad del suministro y la sostenibilidad del precio de la energía que, según él, subirá “el 15 por ciento”.
Por su parte, Anna Marcello, diputada de Unidos Podemos, calificó el acuerdo como “el pacto de las tres mentiras”, pues “no es un pacto de transición sino un punto y final al sector de la minería”; no es “un pacto ecológico” porque “se va a seguir quemando carbón de importación”; y “no es un pacto justo” para los trabajadores.
El Real Decreto-ley que formalizó el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y el Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el Periodo 2019-2027 que firmaron, el pasado 24 de octubre, el Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbounión), fue aprobado a finales de diciembre. Determina la asignación, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, de 100 millones de euros procedentes de las subastas de derechos de emisión de efecto invernadero.
Las ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.
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