Anpier advierte de los riesgos de la actual ultraconcentración de la propiedad de instalaciones fotovoltaicas

Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, alerta de los riesgos que se derivan de la actual ultraconcentración de la propiedad de instalaciones fotovoltaicas para suministro de energía eléctrica a la red general. Si el sistema de subastas de potencia no se modifica para las próximas convocatorias y no se regula el acceso a la red general, para que sea accesible a iniciativas locales, se consolidará el modelo de concentración de la propiedad y se perderá una oportunidad única de redistribución de riqueza solar de nuestro país.

El Sol que recibe nuestro territorio, con más de 3.000 horas anuales de luz en la mitad sur de la península, cantidad que dobla la irradiación que reciben los países del centro y del norte de Europa, nos ha permitido tener una oferta turística de primer nivel internacional y una industria agroalimentaria moderna y dinámica, ambos sectores son los que aportan un saldo positivo a nuestra balanza comercial y soportan el empleo y la economía de nuestro país, frente al lastre de la importación de hidrocarburos y de una industrialización insuficiente; sin embargo, los beneficios que el Sol ofrece a través de la generación fotovoltaica están siendo monopolizados por un grupo reducido de empresas gracias a una normativa que, al menos hasta el momento, ha propiciado está concentración al incentivar la construcción de macroparques, a través de condiciones inalcanzables para PYMES e iniciativas locales, y por la opacidad en el restringido acceso a los puntos de evacuación, cuestión esencial que no ha sido objeto de análisis y acción regulatoria.

Por otra parte, la generación fotovoltaica a gran escala, una vez construida, es mucho menos intensiva en empleo que en rangos más pequeños. De esta forma, serán beneficiarios de sus retornos, básicamente, los inversores, y la elección de quiénes serán los destinatarios de estos ingresos vendrá condicionada por la posibilidad de acceso del ciudadano a estos desarrollos y al empleo local que pudieran ofrecer, siendo las pequeñas y medianas iniciativas las únicas capaces de aportar empleo y valor al territorio.

El 90% de los 3.000 MW fotovoltaicos de la última subasta se repartieron entre menos de 30 empresas, y se estima que un más de un 25% estaría ya en manos de fondos internacionales; mientras que de los más de 8.000 MW proyectados o en construcción fuera de subasta, un porcentaje superior al 60% pertenece a grandes empresas, que concentran dichos beneficios y, en muchos casos, también transmiten la propiedad a fondos internacionales.

Anpier estima que el negocio del suministro de energía solar fotovoltaica para la red general de electricidad ascenderá a 34.440 millones de euros a lo largo de la vida útil de los 20.000 MW que se prevé se instalen en España en los próximos 10 años. Cifras de similar magnitud se registrarán en el sector eólico, con idénticas características de concentración de la propiedad.

En el resto de Europa la situación es muy diferente. Un estudio de la Consultora Haz Energía para Anpier revela que Alemania, Italia, Reino Unido y Francia, que representan más del 77% de toda la potencia fotovoltaica instalada en el conjunto de Europa, han distribuido la generación en instalaciones de pequeño tamaño, apoyándose también para ello en la generación para autoconsumo. En Alemania, más de la mitad de la potencia fotovoltaica corresponde a proyectos con un tamaño inferior a los 40 kW; el 99,5% de las instalaciones fotovoltaicas en Reino Unido son sistemas de pequeña potencia, que no superan los 50 kW; mientras que en Francia el 98% de estas instalaciones tienen potencias inferiores a 100 kW; y en Italia son excepción las grandes instalaciones, las pequeñas plantas fotovoltaicas, de potencia inferior a 20 kW, constituyen más del 90% de las instalaciones.

Estos países sí han entendido que la generación solar fotovoltaica debe democratizarse, mientras que España abandonó este formato de distribución de la generación, que sí instauró hace una década: los 4.000 MW que fueron instalados en España entre 2007 y 2010 se socializaron y quedaron repartidos entre 60.000 titulares, de tal forma que los ingresos por esta producción se había capilarizado hacia los territorios por medio de Pymes, autónomos y familias. Sin embargo, además de las restricciones normativas y técnicas descritas, los drásticos cambios retroactivos que soporta este colectivo de 60.000 familias es también una forma de expulsar a los pequeños propietarios y disuadir a los que se pudieran plantear este camino en la actualidad o en el futuro.

Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de Anpier, se ha lamentado de que las grandes empresas han gozado hasta ahora de una normativa que les ha permitido “usar nuestro territorio y nuestras redes, para captar los recursos económicos de nuestras familias y empresas a través de facturas de la luz, sin dejar otra opción al ciudadano que resignarnos a ser meros consumidores, cuando ahora podríamos ser productores de energía, ya no solo para autoconsumo, sino para participar de este gran mercado que es la generación” y añade que es urgente “impulsar la socialización de la generación solar, fomentando iniciativas empresariales locales, para lo cual resulta esencial devolver la confianza de los pequeños inversores a través de la recuperación de las seguridad jurídica”.

The views and opinions expressed in this article are the author’s own, and do not necessarily reflect those held by pv magazine.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, contacte: editors@pv-magazine.com.