El Consejo de Gobierno e las Islas Baleares ha aprobado la creación del Instituto Balear de la Energía (IBE). Se trata de una medida prevista en la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética, que establece un calendario de descarbonización de la economía balear y que dota al Govern de los instrumentos necesarios para hacer posible la transición energética.
El Instituto Balear de la Energía nace con el fin de fomentar y ejecutar actuaciones en materia de eficiencia, gestión, ahorro energético y energías renovables. También se encargará de la comercialización de la energía, la elaboración de estudios y el análisis en materia de cambio climático y transición energética. Es competencia del IBE, además, fomentar la iniciativa energética pública en todos los ámbitos institucionales.
Según informa el Gobierno de las Islas en un comunicado, “hará posible que las energías renovables lleguen donde no llega el mercado. Lo hará, por ejemplo, con la promoción de instalaciones con la participación ciudadana o en los tejados y cubiertas de los edificios”.
El calendario fijado en la Ley 10/2019 prevé, entre otros hitos, una reducción de las emisiones del 40 % para el año 2030 y del 90 % en 2050. En cuanto a la penetración de las energías renovables, la norma obliga a que un 35 % de la energía consumida en las Illes Balears en 2030 sea limpia. Esta cifra aumenta hasta el 100 % para 2050.
Funciones del IBE:
- Establecer y gestionar programas de subvenciones y líneas de ayudas públicas.
- Fomentar la democratización de la energía entre la ciudadanía.
- Abrir los proyectos energéticos a la participación ciudadana.
- Promover campañas de información y sensibilización.
- Fomentar la investigación, el desarrollo, la formación y la reorientación profesionales en materia energética.
- Promover y gestionar sistemas de producción de energía renovable, sistemas de almacenamiento o gestión de energía y sistemas de recarga de vehículos eléctricos en el territorio de las Illes Balears.
- Crear o participar en sociedades mercantiles con el objetivo de comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia, gestionar la venta de excedentes energéticos de instalaciones de autoconsumo, recogida y análisis de los datos de consumo, y participar en la gestión inteligente de la demanda y en otros servicios del sistema eléctrico.
- Promover actuaciones e inversiones públicas y privadas en materia de absorción de dióxido de carbono, de la preservación y mejora de los sumideros de carbono y de adaptación al cambio climático.
- Elaborar estudios y modelos predictivos y emitir informes técnicos sobre las tecnologías y los sistemas energéticos, los hábitos de consumo energético, la evolución del cambio climático y la vulnerabilidad de los diferentes sectores económicos. También sobre el cumplimiento de los objetivos y las medidas del Plan de Transición Energética y Cambio Climático.
- Participar en los proyectos de ámbito autonómico, nacional o internacional para poner en marcha iniciativas relacionadas con los objetivos de la Ley de cambio climático y transición energética.
- Proporcionar apoyo técnico a los gestores energéticos y a las unidades de contratación de las diferentes administraciones públicas, elaborar programas de racionalización del uso de la energía y promocionar el aprovechamiento de recursos energéticos renovables.
- Proporcionar apoyo técnico a los municipios para la redacción, la ejecución y la revisión de los planes de acción para el clima y la energía sostenible.
- Asesorar a las instituciones y las administraciones públicas.
- Promover actuaciones e inversiones públicas y privadas en proyectos de I+D+i en materia de transición energética y de lucha contra el cambio climático.
El vicepresidente y conseller de Transición Energética y Sectores Productivos, Juan Pedro Yllanes, será también presidente del IBE.
En cuanto a la vicepresidencia, recae sobre la persona titular de la dirección general competente en materia de cambio climático. Actualmente, lo es el director general de Energía y Cambio Climático, Aitor Urresti.
Por otro lado, el Gobierno de Baleares destinará casi 3,5 millones de euros para la convocatoria de subvenciones que permitan instalar puntos de recarga semirrápida para vehículos eléctricos en las Islas. Este presupuesto se incrementa en algo más de 1,3 millones de euros con respecto al importe asignado inicialmente a la convocatoria de ayudas.
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