A la vista de que posiblemente mañana se concrete el gobierno de España, la Fundación Renovables havalorado positivamente la dirección y contenido, con algunos matices, de las propuestas en materia energética incluidas en el acuerdo de Gobierno que firmaron PSOE y Unidas Podemos el pasado lunes 30 de diciembre, pero reclama más concreción y ambición en los objetivos. Ello se debe a que, pese a ir bien encaminado, el contenido descrito y las reformas propuestas en el acuerdo carecen del suficiente nivel de compromiso y ambición en diferentes puntos, ya que la base de acción sobre la que tendrán que legislar es muy amplia. En este sentido, la Fundación considera incomprensible la inexistencia de un objetivo de reducción de emisiones, así como que no se apueste decididamente por la electrificación y la gestión de la demanda. Pese a esto, si se concretan, mejoran y cumplen una gran parte de las medidas descritas en el texto publicado, España empezaría a caminar en la buena dirección hacia el cambio de modelo energético.
Analizando más detalladamente los diferentes puntos del acuerdo, destacamos la falta de la fijación de objetivos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) respecto a 1990 que permitan concretar, ajustar y evaluar el cumplimiento de dichas reducciones. Bien es cierto que tales objetivos ya se recogen en el PNIEC, que fija un 20% de reducción de emisiones para 2030, claramente insuficiente y que proponemos que aumente a un 50% para alcanzar el 100% en 2050. Otro punto que consideramos clave y requiere más ambición es la electrificación de la demanda, ya que es esencial para la penetración de las energías renovables en el sistema y la mejora de la calidad del aire en las ciudades. Así mismo, el objetivo que el acuerdo fija para la generación con energías renovables se centra, exclusivamente, en el sistema eléctrico, lo que deja de lado algo que consideramos fundamental como es concretar objetivos para la penetración de dichas fuentes en el conjunto de la demanda energética, que hoy está cubierta en un 75% con combustibles fósiles. Por otra parte, también serían necesarios objetivos más claros respecto a la implantación de los planes de movilidad sostenible y a la rehabilitación energética de edificios, como proponemos en nuestro informe “Hacia una transición energética sostenible. Propuestas para afrontar los retos globales”.
Además, se echa en falta tanto un mayor nivel de detalle (debido a su complejidad) como de ambición (debido a su urgencia), en puntos como: propuestas que permitan fomentar la gestión de la demanda y los planes de ahorro energético por parte de los consumidores, lo que será fundamental para una reducción de la demanda y un modelo descentralizado y distribuido; una metodología para la translación de la reducción de costes de las renovables al precio de la electricidad en el mercado mayorista; el Plan de Vivienda Sostenible ligado al Plan Nacional de Rehabilitación de Viviendas no contiene un procedimiento detallado de aplicación; la creación de una tarifa social regulada por ley y planes precisos para la transición justa al cerrar las centrales nucleares y las de carbón.
No obstante, valoramos que el texto contiene medidas que pueden suponer grandes pasos hacia adelante si se concretan y materializan de manera eficaz, como es el caso de la reforma de las subastas de energía por coste de generación y permitiendo la participación de entidades locales, ciudadanas, etc.; la revisión de los pagos por capacidad; la reducción del término de potencia en la factura de la luz, y que el término variable de la componente regulada sea incremental en función de los kWh consumidos, y el compromiso de seguir fomentando el autoconsumo eliminando procesos administrativos y con el compromiso de regular el autoconsumo compartido al retribuir excedentes, al menos al precio del mercado eléctrico.
Desde la Fundación Renovables esperamos que las propuestas contenidas en dicho acuerdo político se detallen suficientemente, eleven su ambición y se lleven a cabo cuanto antes, para que los beneficios de su aplicación puedan trasladarse de inmediato a los consumidores y contribuyan a que España lidere las políticas frente al cambio climático.
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