El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una declaración de emergencia climática “en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica” en la que se reconoce la urgencia de actuar frente al calentamiento global.
Si bien esta declaración no tiene rango legal, sí muestra el compromiso del Gobierno y la prioridad otorgada a esta agenda.
Mediante este acuerdo, el Ejecutivo se compromete a desarrollar 30 líneas de acción, cinco de ellas en los 100 primeros días, para hacer frente a la crisis climática y aprovechar los beneficios sociales y económicos que ofrece la transición ecológica. Entre ellas, la remisión al Parlamento del proyecto de Ley de Cambio Climático, la definición de la senda de descarbonización a largo plazo para asegurar la neutralidad climática en 2050 y la creación de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático que incluirá la participación de los jóvenes.
El acuerdo responde, además, a la voluntad expresada por una amplísima mayoría del Congreso de los Diputados que, el pasado mes de septiembre, instó al Ejecutivo a declarar la situación de emergencia climática.
El acuerdo marca como “único camino posible” alcanzar la neutralidad climática en 2050, un objetivo que constituye una oportunidad para avanzar en la modernización, innovación y mejora de la competitividad de la economía española, generando empleo de calidad.
En este sentido, la Declaración subraya que la emergencia climática promoverá respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el fin de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.
Compromisos para los primeros cien días
Las primeras medidas para hacer frente a este desafío se materializarán en los primeros cien días de acción de Gobierno. Se trata del marco regulatorio fundamental que es el que inspirará al resto de acciones que han de acometerse en todos los niveles de la Administración. Dentro de este plazo, el Ejecutivo se compromete a:
- Llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado para ello un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
- Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, que asegure el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
- Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.
- Reforzar los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes.
- Impulsar la transformación de nuestro modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.
Líneas prioritarias frente a la emergencia climática
Junto a las primeras medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo en sus primeros cien días, la declaración de emergencia climática define otras 25 líneas prioritarias que marcarán la acción transversal de la Administración Pública, en todos sus niveles, frente a la emergencia climática y ambiental. Se incorporan medidas que integran la variable del cambio climático en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud. En concreto, en estas dos últimas políticas sectoriales, el acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.
El acuerdo destaca la necesidad de implementar políticas inclusivas que garanticen que nadie se quede atrás como consecuencia de estos cambios, actuando frente a la pobreza energética y asegurando la participación activa y en igualdad de condiciones de las mujeres en la transición energética. De igual modo, el acuerdo pone énfasis en fortalecer sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de las oportunidades para la transición energética, para generar nuevo empleo verde. En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal, y presentará en la Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográfico para facilitar la mejor coordinación entre Administraciones.
Otra parte de las medidas está centrada en asegurar la transformación del sector financiero público y privado para garantizar su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público. También se fomentará la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, además de integrar la variable del cambio climático en la política fiscal.
En este sentido, el acuerdo marca como línea de acción no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas. En esta misma línea, no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de fracking.
La Declaración recoge la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050. También la adopción de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.
Además, antes de 2021, se presentará la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático. También se establece el objetivo de alcanzar el 30% de superficie marina protegida en 2030.
Diferentes instituciones nacionales e internacionales han aprobado declaraciones de este tipo: Reino Unido e Irlanda fueron los primeros países en hacerlo. En nuestro país, lo han declarado Madrid y Barcelona, y el gobierno regional de Canarias.
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