El momento de la publicación del Plan de Acción de la Economía Circular de la Comisión Europea podría clasificarse como desafortunado o como un buen día -o un buen trimestre- para publicar malas noticias.
El conjunto de políticas propuesto es loable, ya que promete una mayor durabilidad de los productos para los consumidores hartos de que su teléfono inteligente deje de funcionar después de un año de uso, el derecho a reparar los aparatos eléctricos, una vigilancia más estricta del uso de materias primas perjudiciales y una serie de otras sugerencias de políticas destinadas a medidas que van desde la reducción del uso de plásticos hasta un etiquetado ecológico más preciso. Visto desde esa perspectiva, el plan, que se dio a conocer el lunes, corre el riesgo de pasar desapercibido en un momento en el que el bloque comercial y sus ciudadanos se esfuerzan por contener la propagación del Covid-19.
Por otra parte, la publicación en estos momentos de otra batería de medidas éticas que, inevitablemente, serán descartadas como burocracia por las empresas en un momento en que muchos estarán luchando por su futuro, puede haber sido elegida muy deliberadamente.
Cualquiera que sea el proceso de reflexión que subyace al anuncio de la última ronda de disposiciones respetuosas con el medio ambiente de la Comisión, son los consumidores y los sectores industriales ajenos a la energía los que probablemente se verán más profundamente afectados, ya que muchas de las medidas de economía circular propuestas ya se aplican a la industria energética y a su cadena de suministro.
Regulación de las baterías
Sin embargo, la comisión promete introducir un marco reglamentario para las baterías que podría tener repercusiones en los sectores de los vehículos eléctricos y del almacenamiento. Las normas sobre el contenido de los materiales circulares y las medidas para mejorar las tasas de recogida y reciclaje y para recuperar los materiales valiosos se introducirán este año para aprovechar el trabajo de la Alianza de Baterías de la UE, según el documento aprobado el lunes.
Se habla de requisitos relacionados con la huella de carbono de las baterías y su proceso de fabricación, así como el abastecimiento ético de materiales, la seguridad del suministro y el refuerzo de los procesos de reutilización, nuevos usos y reciclaje. La comisión dijo que también está «considerando» exigir requisitos de componentes reciclados en los vehículos.
El plan también promete contribuir a los esfuerzos internacionales para evitar el vertido ilegal de residuos fuera de la UE, un anuncio oportuno dadas las recientes noticias sobre un cargamento de paneles solares al final de su vida útil que supuestamente fueron robados en instalaciones de reciclaje en Sicilia y vendidos en otros mercados.
Como siempre, el plan de la Comisión no contiene ningún compromiso concreto, ya que ahora será diseccionado por el Parlamento Europeo, y los Estados miembros tienen una cuestión más inmediata que abordar en estos momentos.
Por otro lado, este jueves tendrá lugar la cumbre europea en la que se adoptarán medidas frente a la crisis económica derivada del parón provocado por el Coronavirus. Según publica el diario El País, Ursula von der Leyen apoyaría la idea del plan Marshall planteada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque la enmarca en el futuro presupuesto de la UE (2021-2027).
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