La organización patronal fotovoltaica de Cataluña, UNEFCAT, y la patronal eólica catalana, EolicCat, han enviado al Gobierno de la Generalitat una propuesta focalizada en tres puntos que han de favorecer la reactivación de la economía catalana desde el sector de las energías renovables una vez se haya superado la pandemia de la Covid-19.
La propuesta de UNEFCAT y EolicCat se resume en tres puntos:
- Un programa de créditos blandos del Institut Català de Finances (ICF) para pequeñas y medianas empresas que estimule la implantación de proyectos, sobre todo los de autoconsumo, así como otro para organismos públicos, administraciones locales y entidades, que permita tanto desarrollar proyectos renovables propios como participar financieramente en proyectos eólicos y fotovoltaicos privados en sus municipios y comarcas.
- Reactivar la Ponencia de energías renovables, paralizada por el estado de alarma, para acelerar la tramitación y aprobación de proyectos. Esto es muy importante cara la próxima convocatoria de subastas de nueva potencia renovable por parte del Ministerio de Transición Ecológica que priorizará proyectos que dispongan de autorización. En este sentido, y en cuanto a parques eólicos, se recalca el retraso de Cataluña respecto a otras comunidades autónomas. De un total de 123 proyectos (3.904,5 MW) con autorización administrativa previa y de construcción en el Estado español, algunos de ellos en construcción, solo hay 6 (168,75 MW) ubicados en Cataluña, el 4,9% de los proyectos y el 4,3% de la potencia, ninguno de ellos todavía en construcción, porque están pendientes de varias tramitaciones. Lo mismo se podría decir de la energía fotovoltaica, que está totalmente parada en Cataluña mientras que al resto de territorios del Estado ha crecido más durante el último año que en los últimos diez años.
- Establecer un fondo de compensación territorial para promover actividades relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo local en los territorios donde se instalen las nuevas plantas de generación. El fondo se puede dotar con los impuestos ambientales a tendidos eléctricos que se han establecido mediante la Ley 5/2020, del 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.
La implantación de 6.270 MW de nueva capacidad de generación fotovoltaica y de 4.092,35 MW de nueva capacidad eólica hasta el año 2030 para cubrir los objetivos de renovables del Gobierno y la Unión Europea, supondrá unas inversiones totales 9.534 millones de euros, 5.568,5 millones en instalaciones fotovoltaicas y 3.965,5 millones de euros en instalaciones eólicas.
Se estima que la fabricación, distribución, ingeniería e instalación de esta nueva capacidad de generación renovable crearán más de 20.000 puestos de trabajo. Una vez en servicio, la operación y mantenimiento ocupará permanentemente hasta 4.000 personas en 2030, ubicados en las comarcas donde hay las instalaciones que, en buena parte, sufren envejecimiento y despoblamiento, por lo que supondrá un importante estímulo para el desarrollo económico y social de estos territorios.
Según el sector, emplear el escenario de la pandemia y su impacto económico como pretexto para retrasar el despliegue de las renovables en Cataluña sería un error y la pérdida de una oportunidad histórica para favorecer la transición energética, puesto que supondría que buena parte de los recursos y el capital disponible para las energías renovables fueran a otros territorios tanto del Estado como de la Unión Europea. Por eso hay que acelerar este proceso y atraer el interés de los inversores hacia Cataluña.
El sector de las renovables destaca en el documento que, a diferencia otros sectores económicos, no reclaman tanto fondos económicos, sino la acción política necesaria para crear un marco favorable a su desarrollo y una gestión administrativa de los proyectos eficiente que permita cubrir las garantías de todas las partes interesadas sin atrasar el procedimiento. El resultado de la aplicación de las propuestas será favorecer las inversiones locales y sostenibles, el desarrollo económico del territorio, la creación de ocupación de calidad, el abaratamiento de los costes energéticos para ciudadanía y empresas, y la drástica reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estas propuestas se han remitido al presidente de la Generalitat, al vicepresidente, a la consejera de Empresa y Conocimiento y al Consejero de Territorio, para que las expongan tanto en el Consejo Ejecutivo del Gobierno como a la Comisión para la Reactivación Económica y Protección Social a consecuencia de la crisis de la Covid-19, en la que ambas organizaciones se han prestado a colaborar.
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