El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) destinará, a lo largo de los próximos meses 316 millones de euros a ayudas para apoyar proyectos innovadores que favorezcan la integración de energías renovables en los sistemas de generación de energía eléctrica o térmica. Estas líneas de actuación, elaboradas en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, contribuirán a la consecución de los objetivos que se ha fijado España en esta materia: duplicar el consumo de energía renovable en 2030, y alcanzar la neutralidad climática en 2050.
En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles dos bases reguladoras para la concesión de 246 millones de euros en ayudas a proyectos renovables a través de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva. Estas líneas se complementarán con dos próximas convocatorias específicas para la promoción de proyectos renovables en Baleares, con un presupuesto de 20 millones de euros; y Canarias, donde se destinarán otros 54 millones de euros.
La línea de acción será coordinada por el Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE), y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), aunque podrán ser reforzadas con fondos adicionales ligados a la recuperación económica.
Se establecen dos tipologías de ayudas:
- Proyectos de producción de energía térmica con fuentes renovables, incluyendo instalaciones de producción de gases renovables, como, por ejemplo, bombas de calor o sistemas de energía solar de concentración para aportar calor a procesos industriales, reduciendo emisiones y mejorando la competitividad de los sectores.
- Proyectos de generación eléctrica con fuentes renovables, como pueden ser proyectos eólicos o fotovoltaicos con almacenamiento o para autoconsumo.
A partir de estas dos bases reguladoras, se podrán realizar diversas convocatorias en función del territorio y tipología de tecnología. Podrán presentarse a las convocatorias personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar un proyecto acorde con estas especificaciones. También podrán solicitar subvenciones comunidades de bienes, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y otras agrupaciones que puedan llevar a cabo la actuación de la ayuda.
El importe de la ayuda, que no podrá exceder de 50 millones, se determinará en cada una de las convocatorias y de acuerdo a criterios como la potencia instalada asociada al proyecto.
Para obtener una de las subvenciones, que serán a fondo perdido, las bases reguladoras fijan unos criterios básicos para la selección de los proyectos, que serán posteriormente detallados en cada una de las convocatorias que se realicen. Con carácter general, se podrá tener en cuenta el criterio económico y la viabilidad administrativa del proyecto.
Transición justa
Con el objeto de atraer el mayor número de proyectos posibles a los territorios afectados directamente por el cambio de modelo energético y, en concreto, por cierres de minas o centrales térmicas no renovables, las dos órdenes ministeriales habilitan la posibilidad de que la Transición Justa sea uno de los criterios que determinen la concesión de la ayuda. En concreto, se establece como posible criterio de ponderación la localización del proyecto en una zona donde estén activos procesos de Transición Justa.
Asimismo, la Comisión de Evaluación podrá tener en cuenta, sí así se establece en la convocatoria, otras externalidades asociadas al proyecto. Entre ellas, que iniciativas actúen contra la pobreza energética; favorezcan la cohesión económica y social del territorio mediante la generación de empleo, el desarrollo rural o la lucha contra la despoblación; o activen el desarrollo industrial y empresarial en sectores productivos o áreas geográficas determinadas para dar respuesta a retos concretos que se plantean en las distintas regiones de España establecidas según el conocimiento de los técnicos de las agencias y direcciones generales de energía de cada Comunidad Autónoma.
También se podrá evaluar el carácter innovador del proyecto, el tipo de uso final que se dé a la energía que genere el proyecto, la integración de distintas fuentes de energía renovable mediante hibridación o la agrupación de distintos consumidores para optimizar la gestión de demanda. También se podrá valorar positivamente que las propuestas apoyen las comunidades de energías renovables, mecanismos de participación ciudadana, comunidades energéticas locales y Empresas de Servicios Energéticos.
Las bases reguladoras permiten realizar convocatorias con cargo al programa hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo que se haya dispuesto de toda la partida presupuestaria que, por otro lado, podrá ser ampliada con fondos comunitarios destinados a la recuperación económica de la UE.
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