A pesar de la negativa de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional Francesa el 26 de octubre, el gobierno francés confirma su intención de presentar una enmienda que revise los contratos de tarifas de alimentación (FIT) para las instalaciones anteriores a 2011. Según una fuente cercana al expediente, se trata de poner fin a «la sobre-rentabilidad de ciertos contratos firmados entre 2006 y 2010».
De los 235.000 contratos firmados durante este período, se verían afectados 800 contratos para instalaciones de más de 250 kW, es decir, el 0,3% del total. Para el Gobierno, el ahorro previsto sería de entre 300 y 400 millones de euros, una suma que planea invertir en apoyar las energías renovables. «Estos contratos contribuyen con menos del 5% a la generación de electricidad renovable, pero cuestan un tercio del apoyo del Gobierno a las renovables», explicó el Ministerio de Transición de Energía en una conferencia de prensa.
El Gobierno quiere presentar una enmienda en algún momento del 2021. Los detalles aún no están fijados. Se plantea un acortamiento de la duración de los contratos de tres a cinco años, a lo largo de los 20 años, o una bajada de las tarifas de alimentación, con el objetivo de que vuelvan al precio actual del mercado. La renegociación se haría entonces caso por caso, dependiendo de las características técnicas de la instalación (ubicación, fecha de puesta en marcha, rendimiento de la inversión, etc.).
Ante este nuevo anuncio, el sindicato Enerplan lamenta que el gobierno haya optado por «apostar por el paso enérgico poniendo en tela de juicio, de forma unilateral y retroactiva, su palabra pasada», explica la organización en un comunicado de prensa. Esta medida es simplemente incomprensible e inaceptable», dice Daniel Bour, presidente de Enerplan. Tengo la impresión de que el Gobierno no entiende el alcance de este desafío, lo que pone seriamente en duda la confianza depositada en su palabra. La decisión de anunciar esta medida ahora, cuando el Gobierno está llamando a la movilización de los agentes económicos en el marco de la Transición Energética y el Plan de Relevancia, es motivo de preocupación. Y aún así no puede haber un Plan de Recuperación sin confianza. Toda revisión de un contrato, sea cual sea, requiere que los firmantes negocien para encontrar un nuevo acuerdo aceptable para las partes. Todavía hay tiempo para elegir este camino y detener esta enmienda. Si, a pesar de todo, se presenta la enmienda, entonces pido a los parlamentarios que examinarán esta disposición que usen más discernimiento a riesgo de crear una nueva moratoria de facto sobre las energías renovables”.
De manera más general, según Enerplan, esta medida retroactiva correría el riesgo de «poner fin a toda financiación de las energías renovables, poniendo en peligro los proyectos y la supervivencia de las empresas del sector que no se recuperen de ello».
Por su parte, el colectivo «Solidarité renouvelables», que pretende reunir a más de 400 empresas del sector, ve un riesgo de pérdida de confianza en los proyectos fotovoltaicos por parte de los bancos e inversores, con posibles repercusiones en otras energías renovables. También subraya la amenaza para la solvencia, con la quiebra de las instalaciones fotovoltaicas afectadas por la medida y el riesgo de desaparición de empresas, sobre el empleo y sobre los promotores (especialmente agrícolas) de las instalaciones fotovoltaicas. «En un momento en que el Estado quiere atraer a los inversores del sector del hidrógeno a través de contratos de compra de energía garantizada, inexplicablemente socava la confianza que ha sido capaz de construir en los últimos diez años con los actores de la energía fotovoltaica», escribe el colectivo.
A principios de octubre, el Ministerio Francés para la Transición Ecológica anunció que aumentará el límite de tamaño de los proyectos fotovoltaicos que pueden optar a tarifas fijas de 100 kW a 500 kW.
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