La presidenta de OMIE, Carmen Becerril, afirmó recientemente que se eliminarían los actuales topes máximos y mínimos de los precios del mercado mayorista de la luz. Esto permitirá, por primera vez, los generadores eléctricos proponer ofertas a precio negativo en España. Hemos preguntado a nuestros interlocutores su opinión acerca de este cambio.
¿Qué riesgos y oportunidades ofrecen los precios negativos para las tecnologías renovables?
“En general, creo que eliminar restricciones regulatorias en los mercados es favorable porque permite una utilización de recursos más eficiente. Si bien, en un mercado especialmente regulado, como es el eléctrico, debemos plantearnos si el mecanismo de formación de precios marginalista es adecuado. Esto es, si el mercado eléctrico genera señales de precio que favorezcan la reducción de costes y la seguridad de suministro, dada la tendencia de implantación generalizada de tecnologías de generación con inversión inicial alta y costes marginales mínimos.
Para analizar el impacto de estos cambios regulatorios, podemos fijarnos en cómo se comportan otros mercados donde ya están implementados. Lo que vemos es que, si bien periodos de precios negativos no son muy comunes, sí aparecen cuando se dan shocks de oferta o de demanda, o ambos a la vez. Por ejemplo, durante la Semana Santa cuando hay mucho recurso eólico y las centrales hidráulicas están turbinando a gran capacidad, o la crisis de demanda de 2020 debida a la pandemia. Adicionalmente, en un escenario de instalación masiva de generación solar fotovoltaica, se abre la incógnita de cómo se comportarán los precios durante las horas centrales del día.
A pesar de que, al menos en el corto plazo, no creo que vaya a tener un gran impacto en las dinámicas de oferta, sí que puede desencadenar varios efectos, estos serían:
Deteriorar la rentabilidad del parque de generación con escasa capacidad de regulación, esto es la nuclear y parte de la generación convencional. Por tanto, acelerar la desnuclearización y la descarbonización del mix energético.
Dificultar la financiación de nuevos proyectos fotovoltaicos y eólicos, así como la negociación de PPAs debido a una mayor incertidumbre en las previsiones de precios a largo plazo.
Incentivar la implantación de mecanismos de gestión de la oferta y arbitraje, fundamentalmente soluciones de almacenamiento de electricidad (baterías, H2, etc.).”
Imagen: Manuel Balseiro
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