El 47% de los 759 municipios españoles de más de 10.000 habitantes ofrece bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las instalaciones de autoconsumo. Estos 364 municipios representan un 67% de los 25.245.297 residentes, según el estudio sobre los diferentes incentivos y deducciones fiscales en las normativas locales realizado, y presentado hoy, por Fundación Renovables en colaboración con la empresa de origen noruego de autoconsumo Otovo.
Melque de la Peña, autora de las conclusiones del informe, explica que hay utilizar este documento para trasladar a los ayuntamientos y a los ciudadanos los beneficios del autoconsumo y “dar al ciudadano la posibilidad de participar en modelo energético y gestionar su demanda”.
El estudio también analiza los municipios que ofrecen bonificaciones de manera simultánea en el IBI y en el Impuesto, Construcciones y Obras (ICIO) sobre Instalaciones, resultando que solo lo hacen 258 municipios, un 34% del total de municipios, lo que afecta a un 54% del total de la población española estudiada. Por otro lado, 223 municipios no ofrecen ninguna bonificación, el 29% del total.
Baño de realidad
Íñigo Amorebieta, CEO de Otovo, con presencia en seis países europeos, insiste en dar un baño de realidad en la presentación cuando se analiza la aplicación y estructuras de estas ayudas en casos concretos. “En base a nuestra experiencia los incentivos deben tener tres atributos. Que sean sencillos para que el ciudadano sepa si va a tener la ayuda, que la tramitación sea directa, digital, para que el ciudadano pueda hacer las gestiones sin crear un ecosistema de intermediarios y que sea homogéneo para todos”.
El representante de Otovo menciona algunos casos en los que las tramitaciones no son lo suficientemente ágiles en nuestro país. Egea de los Caballeros, en Zaragoza, donde a pesar de las reducciones en el IBI y el ICIO se exige la firma de un arquitecto encareciendo el proceso; Gijón, en el que puede llevar siete meses la tramitación de los permisos, “no es razonable”; Getafe (Madrid), donde “tardan seis meses en otorgar un permiso pero si los ciudadanos pagan un 20% más se acelerar los procesos”, y el de Madrid, donde “todos los esfuerzos quedan diluidos porque no tienen capacidad administrativa” para la tramitación del levado número de solicitudes.
Por último, Amorebieta propone la reducción de la presión fiscal como la medida definitiva para promover la transición energética, reducir el IVA del 21 al 10%.
Buenas prácticas y amortización
El informe va acompañado de un listado de buenas prácticas administrativas, que van desde la mejora de las ordenanzas hasta la tramitación telemática de las instalaciones de autoconsumo, y de un análisis económico analizando el impacto positivo bajo una hipótesis teórica en tres escenarios; Gijón, Toledo y Murcia. En él se analiza el periodo simple de retorno obtenido sin bonificaciones y con una bonificación del 25% y del 50% en el IBI durante los primeros 5 años, siendo esta última la más habitual.
De estas localidades, la que tiene un mayor impacto es la ubicada en el norte de España (Gijón), puesto que el periodo simple de retorno de la inversión de la instalación puede reducirse hasta 3 años y 6 meses, seguido del caso de Toledo, con 2 años y 10 meses para la misma instalación y bonificación sobre el IBI. Por lo tanto, donde menor irradiación solar existe, más necesarias son este tipo de bonificaciones para rebajar el periodo de retorno simple de la inversión.
El año pasado Otovo realizó un estudio sobre el autoconsumo solar en Madrid y calculó rentabilidades por encima del 15% con un plazo de amortización inferior a 7 años.
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