La Plataforma Alta Valduerna ha solicitado por escrito a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Cristina Danés, que sea con los ocho macroproyectos fotovoltaicos proyectados en la zona que ocuparán más de 800 hectáreas y que afectará a los ríos, sus cuencas y los acuíferos tan vigilante como exigente ha sido en los últimos años con los agricultores, cuando ha priorizado el caudal ecológico de los ríos sobre el riego.
En el escrito enviado a la presidenta del organismo de cuenca, la plataforma explica que «el caso más paradigmático es el del proyecto de planta solar Castrillo IV, que atraviesa (note usted la ironía) el río Valtabuyo». Añaden que la puesta en marcha de estas plantas solares exige obras de aplanamiento del suelo sobre el que se desarrolla la actividad agraria y silvícola. Según la plataforma, el proceso destructivo que producirán las plantas solares afectará a los ríos Peces, Jamuz, Turienzo, Tuerto, Eria y Cabrera, que serán atravesados por las infraestructuras de evacuación.
Desde el colectivo Alta Valduerna solicitan a CHD que determine el alcance de estos proyectos de plantas fotovoltaicas, analice las consecuencias sobre los cauces de los ríos afectados, sobre sus cuencas, sobre la vegetación de sus riberas y sobre la fauna, además de que investigue el origen, si fuera el caso, del agua con el cual se va a proceder a la limpieza de las placas solares.
Aragón: denuncian el proyecto fotovoltaico en Campo Romanos
Las entidades ANSAR y Amigos de la Tierra Aragón han alegado “contra los proyectos fotovoltaicos de Forestalia en Campo de Romanos”, y solicitan “al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico “que reclame la tramitación del proyecto por estar fragmentado de forma fraudulenta». Anuncian, también, que recurrirán “los proyectos fotovoltaicos que se presentan fragmentados en Aragón”.
El proyecto comprende ocho plantas solares que suman 390 MW y “que suponen ocupar más de 1100 ha, dos subestaciones de transformación eléctrica y una línea eléctrica de alta tensión de 31 km con 83 torres que atravesaría la Sierra de Paniza, además de decenas de kilómetros de zanjas para los tendidos eléctricos de interconexión, más caminos, desmontes y vallados. La superficie ocupada por estas instalaciones suma 1142 ha, lo que supone un porcentaje del 5% de ocupación de suelo de la comarca y el 6,8% de pérdida de suelo agrícola de la misma, según se reconoce en los propios informes ambientales. Esa ocupación implica la artificialización del suelo con pérdida y fragmentación de hábitats naturales las cuales conllevan pérdida neta de biodiversidad y pérdida de tierras de cultivo y de su producción agrícola”, aseguran.
Las especies esteparias como el sisón y el rocín -o alondra ricotí-, en claro declive tanto en Aragón como en el resto de la Península Ibérica, “se verían seriamente amenazadas, además de otras como el aguilucho cenizo o el alcaraván y los pequeños aláudidos como calandria y terrera común, vinculados a los espacios agrarios”.
Todos ellos, especies protegidas, verían reducido su hábitat y enfrentados al permanente riesgo de colisiones con vallados y tendidos aéreos. Las asociaciones consideran “intolerable que se diseñe una línea eléctrica de 31 km para exportar la energía por el brutal impacto que tendría al atravesar un terreno montañoso como la Sierra de Paniza, además de ser un factor de ineficiencia por las pérdidas que supone el transporte”.
“Las renovables para ser sostenibles no deben destruir suelo natural o agrícola, no deben destruir la biodiversidad y deben servir para autoabastecimiento, evitando las pérdidas por transporte”, además, ANSAR y Amigos de la Tierra han denunciado ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico “la fragmentación del proyecto en ocho plantas diferentes de hasta 49,9 MW cada una vulnerando la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Con ello consigue Forestalia que sea el INAGA y el Gobierno de Aragón, administraciones más cercanas e influenciables, quienes evalúen los subproyectos y no el Ministerio”.
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