¿Truco o trato? Iberdrola difundió este jueves un comunicado de prensa titulado “Iberdrola desea apoyar la competitividad de la industria asumiendo los precios eléctricos y el Gobierno debe retirar el Real Decreto y la Ley”, seguido de “Gracias al mantenimiento de precios, la compañía ha ahorrado a la industria 2.000 millones de euros”.
Explica que “se constata la voluntad del Gobierno de la Nación de corregir aquello que no se ha hecho bien y llegar a un acuerdo”, por lo que la compañía se ha comprometido “a no variar los precios eléctricos a la industria para no afectar a la competitividad española con los incrementos del precio del gas natural, siempre y cuando, no se perjudique la producción eléctrica con tributos lesivos y pide al gobierno la retirada del Real Decreto y la Ley criticada por la UE”.
En lo que va de año, dice, “el hecho de mantener los precios pactados con la industria a pesar del incremento del precio de la electricidad ha ahorrado a la industria española 2.000 millones de euros. Iberdrola siempre apostará por la industria española”.
Achaca el Real Decreto y la Ley a la falta de información del Gobierno: “Ahora que parece evidente ya para todo el mundo que las empresas eléctricas no se han beneficiado en modo alguno del incremento de los precios eléctricos, sino que, muy al contrario, han soportado costes desorbitados del precio del gas natural, el Gobierno debe corregir dos errores, el Real Decreto y la Ley, que bien seguro se produjeron por falta de información”.
“Una condición razonable: no gravar a la energía renovable”. Con esta rima, Iberdrola prosigue su comunicado afirmando que “renovará los contratos de los clientes que lo soliciten con el fin de evitar un problema de costes. La primera compañía energética española y segunda del mundo asumirá ese esfuerzo en la medida de sus posibilidades siempre y cuando se retire la tasa a las energías renovables”.
Ha puesto precio a las medidas: La tasa sobre la energía no emisoras del Real Decreto Ley 17 de 14 de septiembre está suponiendo “un grave perjuicio de 1.000 millones de euros mensuales para las empresas eléctricas españolas”, dice.
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