El último Consejo de Ministros ha aprobado una prórroga de nueve meses para tramitar la avalancha de solicitudes de permisos de acceso y conexión de las energías renovables y, además, la devolución de los avales a los promotores que retiren en el plazo de un mes los proyectos que no sean viables. Los permisos de acceso a la red que queden liberados serán sacados a subasta por Red Eléctrica de España.
Según fuentes de Red Eléctrica, a fecha de 30 de noviembre, había otorgado derechos de conexión para 133 GW procedentes de proyectos de energías renovables, más del doble de las aspiraciones del PNIEC para 2030. De estos permisos de conexión, 92.522 MW son para proyectos de energía solar fotovoltaica. Este viernes muchos de estos permisos empezaban a caducar sin haber llegado a cumplir con los hitos previstos.
Ante la imposibilidad de procesar esta avalancha de tramitaciones en tiempo y forma, las comunidades autónomas y empresas renovables solicitaron unánimemente al Ministerio para la Transición Ecológica durante la última Conferencia Sectorial de Energía la flexibilización de los plazos asociados a los hitos intermedios de la tramitación de los proyectos, que se ha aprobado.
Rafael Barrera, director de la Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica Anpier, asegura a pv magazine que es “una manera de reconocer [por parte del Gobierno] que no fueron capaces de incorporar recursos para dar una respuesta ágil al volumen de solicitudes”.
Preguntado por pv magazine, Jose M.ª González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), considera positiva esta medida tomada por el Gobierno. “Había que dar solución a muchos proyectos que estaban bien hechos pero que se estaban viendo perjudicados por los retrasos de la administración”. Además, considera González Moya, la ventana de un mes para la renuncia a esos derechos de acceso de conexión va a permitir que “se limpie” a favor de los proyectos viables.
Proyectos reales o especulación
El representante de APPA, quien atribuye las demoras a los retrasos administrativos, no considera “descabellada” una tasa de descarte de más del 50% de esos 133 GW por problemas de calificación medioambiental o de financiación de algunos proyectos. Aunque reconoce que “aunque hay algo de especulación, con proyectos que han venido a reservar capacidad para luego ponerla a la venta”, asegura, “queremos pensar que la mayoría de los proyectos son reales”.
Para Barrera, sin embargo, “es indudable que nos encontramos ante una desmesura especulativa que todos los que conocemos el sector hemos ido viendo crecer en los últimos cuatro años, a pesar de todo el oscurantismo que, por acción de unos y omisión de otros, ha rodeado a la adjudicación de puntos de evacuación de energía”.
La decisión tomada ahora por el Gobierno “puede parecer muy coherente e, incluso, constructiva” pero recuerda que con los plazos establecidos entre 2007 y 2010 “muchos pequeños productores se enfrentaron a dificultades ajenas a su buena gestión –fundamentalmente problemas en los suministros de material y retrasos en cuestiones burocráticas– y, a pesar de ello, aquellos que no cumplieron con los hitos establecidos de evacuación quedaron expulsados del régimen retributivo, algunos por tan solo algunas horas de retraso, otros por cuestión de días. La Administración continúa realizando inspecciones hoy en día y, de comprobar que una instalación no realizó el vertido en tiempo y forma, no solo pierde todos sus derechos retributivos, sino que incluso ha de reintegrar los ingresos que hubiera percibido”.
Anpier indicó en noviembre que recurriría cualquier disposición que ampliara los plazos de conexión, pero no ha confirmado este medio su decisión.
El Gobierno mantiene la fecha de caducidad de cinco años desde la obtención del permiso de acceso para obtener la autorización administrativa de explotación definitiva, con la consiguiente entrada en operación de la instalación.
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