Para un futuro ecovoltaico acelerado hay que ganarse el contrato social

A medida que se materializa la transición energética, queda patente que la fotovoltaica mejora la calidad del medioambiente y comporta beneficios económicos en términos de eficiencia del sistema productivo y, geoestratégicamente, en la situación de tensión en el suministro de energía existente, las renovables se han convertido en una cuestión estratégica, por lo que hay que acelerar el despliegue. Con esta idea abrió ayer Ismael Aznar Cano, director general de Calidad y Evaluación Ambiental de MITECO la jornada «Plantas solares en España: desarrollo, financiación y futuro ecovoltaico» organizada por Soltec, con el apoyo de Unef.

Ismael Aznar Cano, director general de Calidad y Evaluación Ambiental de MITECO
*pv magazine*

En varias de las mesas de diálogo entre actores relevantes del sector se buscaron las razones que ponen el riesgo el cumplimiento del compromiso del PNIEC y la exigencia de acelerarlo en el contexto bélico europeo.

Entre otros aspectos, se identificaron varios lugares de los proyectos de las plantas en los que intervenir para hacer frente a la contestación entre la población local. Todos parecían estar de acuerdo en que “hay que ganar a la población en el territorio”.

El primer problema identificado fue el de la ubicación de las plantas, que requieren el cumplimiento de una evaluación ambiental. Desde el Ministerio se recordó el mapa de zonificación y Santiago Martín, consultor de Emat, se refirió a la zona de exclusión de la Red Natura. “Hay dos plantas en Madrid que están intentando instalarse ahí”, sin llegar a especificar.

Apuntaba el consultor que “no hay que evaluar los proyectos con respecto a una situación idílica, sino con la realidad. Es la agricultura intensiva que reduce las aves esteparias. Las plantas no sólo no son un problema, sino que pueden ser una oportunidad”. Incluso puso como ejemplo la planta de Totana, “es un buen laboratorio en el que en medio de antiguos regadíos en la zona del Tajo-Segura hay especies sensibles que son incompatibles con dos o tres cosechas al año, que toleran poco la actividad humana y están ahí, (en la planta de Totana), porque huyen de la actividad de los alrededores”.

Noelia Rojo, responsable de Desarrollo de Negocio Renovable Zona Centro de Enel Green Power, propietarios de la planta, aseguraba que ven “una mejoría en Totana. Antes era zona de pesticidas, plásticos (…) y ahora tiene un corredor ecológico. Antes se cultivaba brócoli y ahora brócoli ecológico”.

Terror a las telarañas alrededor de las líneas de evacuación

Aún más problemáticas aparecen las líneas de evacuación. “Hay terror a las telarañas alrededor de las líneas de evacuación y soterrarlas tiene un coste que compromete la viabilidad de los proyectos”, apuntaba el representante del Ministerio.

Ana Carricondo, coordinadora de Programas de Conservación de SEO Bird Life.

Desde SEO Bird Life, Ana Carricondo aseguraba que hay que ir incluso más allá en este asunto “independientemente de la legislación. Hay que hacer seguimientos del cumplimiento para que se implemente lo que se dice y seguimiento de las medidas compensatorias” y subrayó también ante la saturación de los recursos, “que pidamos a las empresas que retiren proyectos que claramente no son compatibles”.

“La concentración cerca de los puntos de conexión plantea retos adicionales”, indicó Carricondo. “Es necesaria la colaboración de los promotores para sean capaces de crear e integrase en líneas de evacuación conjuntas”.

La administración se resiente

La gestión administrativa es el otro gran caballo de batalla que dio mucho que hablar durante la jornada. “Hemos pasado de 200 proyectos a más de 600 proyectos en evaluación”, reconocían desde el Ministerio. “Con los next generation vamos a ir a los 1.000 y la administración se está resintiendo”.

De derecha a izquierda: Raúl Morales, CEO de Soltec, Óscar Mendoza, director de Desarrollo Iberia de Enel Green Power; Juan Ferrero, director de Desarrollo España de Naturgy; Raúl Rodríguez, responsable de Estrategia y Desarrollo de Renovables de Engie, y Rodrigo Álvarez director de Business Development de Statkraft.

Para superar este escollo los representantes de los desarrolladores apuntaban a la necesidad de conocer en qué parte del proceso de tramitación se encuentran los proyectos, una exigencia de transparencia y digitalización que expuso Oscar Medoza, director de Desarrollo Iberia de Enel Green Power. “No puedes recurrir en un acta del impacto ambiental para ver si hay medidas compensatorias, que son comprensibles, que se pueden compaginar con otros procedimientos. Hay que dejar interactuar a las promotoras para que sea sencillo”. Desde Naturgy, Juan Ferrero, coincidía en señalar el problema de la seguridad jurídica: “muchas veces se recurren por organismos terceros, hay que intentar simultanear las distintas tramitaciones en las distintas administraciones para agilizar los plazos de tramitación”.

Raúl Rodríguez, responsable de Estrategia y Desarrollo de Engie, señaló la necesidad de “definir criterios claros para que las administraciones los utilicen por igual, clarificar las medidas compensatorias”, y entró en el tema de las subastas. “Tienen cumplir con unos hitos, los retrasos están afectando muchísimo. Se fomenta mucho la especulación, es bueno tener un calendario específico de las subastas”.

“Hay que ir más allá de lo que exige la legislación para que todas las partes de encuentren cómodas”, insistía Pablo Otín, CEO de Powerti.

“Lo relevante es el cumplimiento normativo, lo damos por hecho, y la rentabilidad financiera, pero hay que ganarse a la sociedad. Hay que ganarse el contrato social. No todos los proyectos de van a hacer, donde el pueblo no lo quiere los proyectos no se hacen”.

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