Bruselas ha tenido en cuenta “las circunstancias particulares del mercado eléctrico mayorista ibérico”. En concreto, “la limitada capacidad de interconexión, la elevada exposición de los consumidores a los precios mayoristas de la electricidad, así como la elevada influencia del gas en la fijación de precios de la electricidad”, que ha supuesto una grave distorsión para las economías de España y Portugal. Así, la Comisión Europea aprobó este miércoles la llamada «excepción ibérica» para que España y Portugal apliquen un límite al precio del gas para la producción eléctrica. El mecanismo comenzará a aplicarse en las subastas del pool del 14 de junio y solo hasta el 31 de mayo de 2023.
La vicepresidenta ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, ha afirmado que la medida también “permite que España y Portugal dispongan de algún tiempo para promulgar reformas que aumenten la futura resistencia de su sistema eléctrico, en consonancia con los objetivos del Green Deal, y que, en última instancia, mitiguen aún más los efectos de la crisis energética sobre los consumidores finales».
La medida implica un ayuda estatal de 8.400 millones de euros (6.300 millones para España y 2.100 millones, para Portugal) “destinada a reducir los precios mayoristas de la electricidad en el mercado ibérico (MIBEL) mediante la reducción de los costes de entrada de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles”.
El pago diario se calculará en función de la diferencia de precio entre el precio de mercado del gas natural y un precio tope de 48,8 euros/MWh de media durante la vigencia de la medida. En los primeros seis meses de aplicación de la medida, el precio tope real se fijará en 40 euros/MWh.
Afirma Bruselas en su comunicado que “la medida se financiará con: (i) una parte de los llamados «ingresos por congestión» (es decir, los ingresos obtenidos por el gestor de la red de transporte español como resultado del comercio transfronterizo de electricidad entre Francia y España), y (ii) una tasa impuesta por España y Portugal a los compradores que se beneficien de la medida”.
Por otro lado, la Comisión Europea condicionó la aprobación de este mecanismo con la condición de una reforma actual al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) por su subida de precio en el mercado diario e intradiario y su alta volatilidad. «Por lo que el Real Decreto-Ley 10/2022 incluye el mandato de realizar las modificaciones necesarias en la metodología de cálculo del PVPC, para introducir una referencia a los precios de los mercados a plazo, incorporando un componente de precio basada en una cesta de productos de mercados (incluyendo plazos anuales, trimestrales y mensuales) y un componente de precio del mercado diario e intradiario, de tal forma que la nueva fórmula de fijación del coste de la energía del PVPC», añaden desde Rödl & Partner para pv magazine. La medida aprobada supondrá una rebaja de la electricidad que comenzará con cerca de un 20% de descuento para ir reduciéndose hasta el 15% para los clientes acogidos a la tarifa regulada PVPC, siempre y cuando su potencia contratada sea inferior a 10 kW. Se prevé que se pueda empezar a aplicarse a principios de 2023.
«La medida cuenta con el objetivo de aumentar la participación en los mercados a plazo para adquirir la energía de sus clientes. Por tanto, también fomentará la liquidez de los mercados a plazo ibéricos por el lado de los compradores», finaliza Rödl & Partner.
La estructura del mercado eléctrico “no funciona”
Además, en el debate sobre las conclusiones de la última cumbre europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dicho por primera vez que la estructura del mercado eléctrico “no funciona”.“¿Y cuál es el problema de la estructura del mercado?”, se ha preguntado Von der Leyen: “Que tenemos un mercado de la electricidad diseñado de una manera que era necesaria hace 20 años cuando comenzamos a introducir las energías renovables. Así, son las renovables las que entran primero porque en ese momento eran mucho más caras, y luego venía el resto de la energía, como el petróleo, el gas, la nuclear o el carbón. Y el que entra el último, el más caro, es el que define el precio”. Añade: “Este sistema de mercado ya no funciona. Tenemos que reformarlo”, ha dicho.
Por primera vez se cuestiona una reforma desde los Gobiernos de España y Francia solicitaran hace aproximadamente un año a la Comisión Europea que modificase las normas de funcionamiento de los mercados mayoristas de electricidad de la Unión para frenar la escalada de precios, en máximos históricos en todos los países.
Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea para el cambio climático, dijo entonces a un grupo de periodistas españoles en Estrasburgo que “el rediseño del mercado” se “puede discutir, pero no tomar una decisión rápida”. Añadió: “Haré todo lo que esté en mi mano para ayudar al Gobierno español a garantizar que los ciudadanos españoles no se vean indebidamente afectados por las fluctuaciones del mercado, porque lo que está ocurriendo son eso, fluctuaciones”.
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