Esta semana, el Parlamento Europeo ha decidido que los derechos de emisión dejarán de ser gratuitos dentro de diez años. En los próximos años se impondrán condiciones cada vez más estrictas para las industrias: sin un plan de descarbonización y sin esfuerzos reales hacia la descarbonización, las empresas recibirán menos asignaciones gratuitas. Además, cada vez son más las emisiones que entran en el comercio de derechos de emisión, por ejemplo, las procedentes de las instalaciones de incineración de residuos y de los buques pequeños.
Con 439 votos a favor, 157 en contra y 32 abstenciones, los Eurodiputados han propuesto que la reforma contemple otros elementos como que los derechos de emisión gratuitos se eliminen gradualmente a partir de 2027 y se terminen en 2032, así como que los beneficios que se obtengan de este sistema se utilicen exclusivamente para la acción climática a nivel comunitario.
También se creará un fondo social para aliviar a los ciudadanos de la UE de los costes de la lucha contra el cambio climático. Se trata de un volumen de 144.000 millones de euros.
La Eurocámara ha pedido extender el régimen de comercio de derecho de emisiones al sector residencial y al transporte por carretera en un nuevo mercado (ETS2), del que los ciudadanos quedarían excluidos hasta 2029. También han planteado incluir otros productos como químicos orgánicos, plásticos, hidrógeno y amoniaco dentro de lo que se consideran emisiones indirectas, que se cree una autoridad centralizada para la gestión de este mecanismo y que los beneficios obtenidos se empleen para impulsar la transición verde en los países menos desarrollados.
Los Estados miembros de la UE todavía tienen que aprobar la decisión del Parlamento. Se reunirán la semana que viene para fijar una posición. Una vez que se hayan puesto de acuerdo, es probable que comiencen las negociaciones con el Parlamento de la UE sobre una solución definitiva.
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