Ni la carta abierta del grupo de inversores institucionales IIGCC –que maneja más de 50.000 millones de euros en activos– pidiendo la exclusión del gas de la taxonomía, argumentando que considerar el gas como sostenible socavaría la credibilidad del reglamento; ni las declaraciones del Presidente del Banco Europeo de Inversiones, Werner Hoyer, afirmando que, independientemente de lo que dictase la taxonomía, el BEI no tenía ninguna intención de financiar la energía nuclear, han conseguido que el Parlamento Europeo incluya la energía nuclear y el gas en la lista de actividades económicas medioambientalmente sostenibles.
En la votación celebrada hoy, el Parlamento Europeo no se ha opuesto al acto delegado de taxonomía de la Comisión, que incluye —con ciertas condiciones— algunas actividades relacionadas con la energía nuclear y el gas en la lista de actividades económicas medioambientalmente sostenibles a las que se aplica la conocida como «taxonomía de la UE». También son sostenibles por extensión, claro, la financiación e inversiones en fabricantes y operadores relacionados con gas y nuclear, aunque las propias fechas límite que establece la Comisión (2030 para el gas y 2040 para la nuclear) también hacen que invertir ahora en estas tecnologías reduzca el tiempo para su amortización.
Según la Comisión, «determinadas actividades relacionadas con el gas fósil y la energía nuclear se consideren actividades de transición que contribuyen a mitigar el cambio climático. La inclusión de tales actividades está limitada en el tiempo y ha de cumplir unos requisitos específicos en condiciones de transparencia».
278 eurodiputados votaron a favor de la objeción, 328 en contra y 33 se abstuvieron. Era necesaria una mayoría absoluta de 353 diputados para vetar la propuesta de la Comisión. Si el 11 de julio tampoco el Consejo ha formulado objeción a la propuesta, el acto delegado sobre taxonomía entrará en vigor, y será de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.
La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reiterado en diferentes ocasiones el rechazo de España a la inclusión, por parte de la Comisión, del gas y la nuclear entre las tecnologías consideradas sostenibles por la Taxonomía Europea. Esto “puede distorsionar y generar confusión” a la hora de encauzar inversiones sostenibles en la UE”. Según Ribera, “se emite una muy mala señal a los mercados financieros para orientar su inversión hacia tecnología realmente sostenible y con poco riesgo”. Además, advierte de que puede reducir significativamente la inversión en fuentes incuestionablemente limpias, de modo que supone una amenaza para el proceso de transición energética y la consecución de los objetivos europeos de descarbonización.
Austria y Luxemburgo ya han anunciado acciones legales en los últimos meses. También consideran que la actuación de la Comisión constituye una violación de la ley. WWF afirma que está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales, y Greenpeace afirma que presentará una demanda ante el Tribunal de Justicia europeo: antes de que la demanda tenga lugar, presentará una solicitud formal de revisión interna a la Comisión. Una vez finalizada esta y si su resultado es negativo, Greenpeace presentará su demanda ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
La última esperanza es el 11 de julio, cuando el Consejo de la UE, formado por representantes de los Estados miembros, decidirá sobre el acto delegado. Si 20 Estados que representen, al menos, el 65% de la población total de la UE votaran en contra, la propuesta se detendría. Sin embargo, la opción se considera poco probable.
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