El pasado mes de junio, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen dijo por primera vez que la estructura actual del mercado eléctrico “no funciona”. Esta declaración supuso el primer paso de Bruselas para cambiar el mercado eléctrico y la aprobación del tope al gas.
Ahora, el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea su propuesta para reformar el mercado eléctrico europeo “al objeto de rebajar los precios y reducir la volatilidad, a la vez que se avanza en el proceso de descarbonización, garantizando en todo momento la seguridad de suministro y repartiendo los costes de un modo más justo entre productores y consumidores”.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la propuesta “permite solucionar los problemas del diseño actual”, a saber: escaso peso de los mercados a plazo, precios elevados que no reflejan los bajos costes de las energías renovables, beneficios extraordinarios en las tecnologías no contestables y señales inadecuadas para orientar la inversión. El modelo que propone se basa en el desarrollo de los mercados a plazo de energía y de servicios de capacidad y flexibilidad, adaptados a las necesidades de cada país o región.
Entre los puntos clave, se cuentan los mercados a plazo para las renovables: mediante subastas, se firmarán contratos por diferencias con los generadores de renovables, que percibirán un precio fijo durante toda la vida útil de las instalaciones, de un modo similar al sistema aplicado en España. “En consecuencia, la generación renovable reflejará los costes medios de las instalaciones, garantizando su rentabilidad y trasladando la rebaja a los consumidores”, se lee en la propuesta.
Para aquellas tecnologías no contestables, en las que apenas hay competencia como hidroeléctricas y nucleares, el contrato por diferencias se materializará a un precio regulado. “Con ello se podrían reducir los precios de los consumidores inmediatamente, a la vez que se ofrece seguridad, visibilidad y estabilidad de ingresos a los generadores, sin que obtengan beneficios extraordinarios”.
Estos contratos por diferencias a largo plazo se complementan con el desarrollo de mercados de capacidad que retribuyan a las instalaciones de generación y de almacenamiento, o a la gestión de la demanda, por estar disponibles y garantizar el suministro.
Se mantendrá el mercado a corto plazo actual (diarios intradiarios y servicios de ajuste), que seguirá funcionando como hasta ahora, proporcionando señales eficientes de precios y de despacho. Sin embargo, los ingresos de los generadores se regirán por los contratos a largo plazo que reflejen el coste medio del suministro.
Para llevar a cabo la reforma es necesario modificar la normativa europea. En tanto se materializa, España y Portugal van a proponer la extensión del Mecanismo Ibérico para seguir protegiendo a los consumidores del ineficiente diseño actual.
En tanto se implementa la reforma del mercado eléctrico comunitario, España y Portugal solicitarán la prórroga del Mecanismo Ibérico, la llamada “excepción ibérica”.
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