La Asociación Observatorio de la Sostenibilidad (no confundir con el Observatorio de la Sostenibilidad en España –OSE– con sede en la Universidad de Alcalá, que cerró en 2013 por falta de financiación) ha publicado el Atlas de las Energías Renovables en España que pretende, según la Asociación, “recoger en un solo documento las principales variables relacionadas con la implantación en el territorio de las actuales instalaciones de fotovoltaica conectadas y en autoconsumo y eólica, en el país a escala municipal y de comunidad autónoma”.
Para su elaboración se han estudiado los datos de demanda y generación de electricidad por Comunidades Autónomas de REDEIA; y para los datos a escala municipal los del Registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica donde deben inscribirse todas las instalaciones de producción de energía eléctrica que hayan sido autorizadas.
Su precio es de 100 euros, e incluye los datos disponibles a 1 de enero de 2023, “fecha importante, ya que desde esa fecha se han autorizado todas las instalaciones basadas en Real Decreto-ley 2020/2022, de 27 de diciembre, que determinan unos requisitos ambientales menos rigurosos y unos plazos de aprobación más rápidos para la aprobación de requisitos de macroproyectos de renovables”.
“La implantación masiva ha sido muy rápida y desordenada en el espacio y en el tiempo, sin respetar en muchas ocasiones ni superficies con figuras espacios protegidos, ni límites de la Red Natura”, explican.
Entre sus conclusiones, la Asociación señala que “hay limitaciones graves de información sobre temas esenciales tales como tejados solares para autoconsumo y comunidades energéticas, donde no existe un registro oficial continuado y sistemático de estas instalaciones en España”.
La segunda conclusión es que “a finales de 2022 ya había España del orden de 35.351 hectáreas ya dedicadas a energía fotovoltaica (excluidos tejados y superficies artificiales) y siguiendo a la AEL había del orden de 1.298 parques eólicos presentes en 857 municipios, con 21.574 aerogeneradores instalados”, si bien no se aportan detalles de las hectáreas ocupadas por la energía eólica.
La tercera conclusión es que “la potencia instalada se ha realizado de una forma desordenada, buscando mayor beneficio de las empresas y sitios de mayor rapidez en la implantación y dejando otras variables olvidadas tales como la protección del paisaje, los ecosistemas, la biodiversidad y la participación local de la población, en las decisiones”. En esta conclusión señalan, también, el reciente despegue del autoconsumo industrial, que tenía posibilidades de haberse llevado a cabo antes.
La cuarta conclusión señala “la gran dispersión entre comunidades autónomas y municipios. Existen, por ejemplo, CCAA donde se ha priorizado el paisaje como la Comunidad de Madrid o el País Vasco o la mayor parte de Cataluña donde existen muy pocos o ningún aerogenerador. Mientras en otras como en Galicia, castilla y León o Aragón el proceso de implantación ha sido exponencial, y no solo por la existencia del recurso”.
Además de conclusiones, la Asociación aporta recomendaciones, como “solicitar a la administración que se solucionen las lagunas de información relativas al autoconsumo y comunidades energéticas, así como datos de participación pública en la toma de decisiones”.
Como conclusión, señalan que “estas lecciones aprendidas hasta 2022 deberían servir como orientaciones para el fuerte despliegue previsto de las renovables en 2023 donde se prevé un enorme boom todavía más masivo y rápido de renovables por la aplicación del decreto 2020/2022 sin participación pública y con graves efectos sobre los ecosistemas”.
Por otro lado, El País publicó recientemente un buscador donde puede consultarse la tramitación de los nuevos proyectos de energía solar y eólica de más de 50 MW en España, de acceso gratuito.
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