El Consejo de Ministros ha aprobado la adenda al Plan de Recuperación, remitida ya este miércoles a la Comisión Europea. La propuesta de ampliación del Plan de Recuperación incluye inversiones y reformas adicionales dirigidas a impulsar la autonomía estratégica en el ámbito energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital, las inversiones sostenibles de las empresas y el parque de vivienda para alquiler.
La adenda contempla una segunda ronda de fondos europeos de 94.300 millones de euros en nuevas transferencias a fondo perdido (10.300) y en préstamos que habrá que devolver (84.000 millones), que se sumarán a los 70.000 millones en subvenciones ya adjudicados a España por la UE en una primera fase.
De esta segunda ronda, más de 36.600 millones adicionales se destinarán a programas de inversión y reformas ligadas a energías verdes y descarbonización. En concreto, se mejorará la dotación presupuestaria de los PERTE «verdes» con 10.064 millones, de los que los PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento recibirán casi 5.500 millones más; el del vehículo eléctrico y conectado, 1.250 millones más; 2.720 millones extra irán al de descarbonización industrial, y el de economía circular recibirá 600 millones más.
Por otro lado, se prevé invertir 26.564 millones en líneas de financiación con aval público del ICO e incentivos fiscales para inversiones en proyectos verdes.
Hará una línea de avales ICO –llamada ICO-Verde– de 15.500 millones para aumentar la financiación disponible en forma de créditos para la transición verde (como la generación de energía renovable, la eficiencia energética, la economía circular o la renovación de buques), y un fondo de 2.250 millones para facilitar incentivos fiscales para fomentar la inversión verde por parte de los hogares. Además, el ICO canalizará otros 7.000 millones de euros a través de la nueva Línea ICO Empresas y Emprendedores.
España debe presentar a la Comisión Europea un borrador con la ampliación del PNIEC este mismo mes, cuya versión definitiva debe estar aprobada antes del 30 de junio de 2024. Desde muchos sectores se pide un PNIEC más ambicioso, si bien su puesta en práctica puede ser más complicada de lo aparenta.
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