Durante el mes de agosto las empresas descansan, las noticias escasean y pv magazine España recuerda qué estaba pasando en la industria fotovoltaica en el mundo de hace diez años en su sección Retrospectiva fotovoltaica: Hace diez años…
Sabemos que no estamos aún en agosto, pero hoy se cumplen 10 años de un hecho que marcó un antes y un después en el mercado renovable de España, por lo que la efeméride merece un adelanto para un solo tema: Hace diez años se publicaba el Boletín Oficial del Estado que incluía el Real Decreto Ley 9/2013. Este derogaba las normas que regulaban la tarifa para las instalaciones fotovoltaicas contenida en los decretos RD 661/2007 y RD 1578/2008 y establecía un marco retributivo distinto para las energías renovables. Así, se ponía fin al anterior sistema de primas y confirmaba un nuevo modelo de retribución para renovables, cogeneración y residuos basado en una rentabilidad «razonable» durante toda la vida de las instalaciones, en función de la tecnología que utilizan y de su antigüedad.
El Gobierno español, por boca del ministro de Industria, José Manuel Soria –quien es ahora consejero de una empresa fotovoltaica–, justificaba las medidas alegando que «es necesario reducir los costes del sistema eléctrico, en el que hay un déficit de tarifa de 26.000 millones de euros». Con las medidas del RDL 9/2013, el Gobierno esperaba un ahorro de 2.700 millones de euros. «Había que revisar el sistema de retribución, porque si no, el sistema iba directo a la quiebra», explicaba el ministro Soria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Estos recortes se sumaban a los ya introducidos en 2012 y 2013 en el sector eléctrico y suponía, para la fotovoltaica, el quinto recorte retroactivo. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) calificaba las medidas de «nuevo golpe al sector fotovoltaico» que, además, «son contrarias al principio de seguridad jurídica».
Las medidas se concretaron un año después, en el Real Decreto 413/2014, que entró en vigor el 11 de junio de 2014. Garantizaba una rentabilidad razonable cercana del 7,4% anual antes de impuestos durante toda la vida regulatoria de la planta aplicada con carácter retroactivo (lo que en no pocos casos se tradujo en la retirada de los incentivos). Los productores de energía renovable podía ofrecer su electricidad en el mercado libre, pero los ingresos no eran suficientes para amortizar siquiera los préstamos con los que se financió su construcción. Si bien el RD 413/2014 establecía mecanismos de apoyo financiero para recuperar parte de las inversiones, tampoco resultaban suficientes.
Se calcula que las medidas afectaron a 64.000 plantas, principalmente fotovoltaicas, y que generó contra España un reguero de reclamaciones en tribunales y cortes de arbitraje internacionales que superan los 10.000 millones de euros. Según el análisis que entonces realizó el Bufete de abogados Garrigues, «solo las instalaciones fotovoltaicas pequeñas montadas sobre cubierta ganarán con la nueva normativa». No obstante, la alegría duraría poco: el 9 de octubre de 2015 veía la luz el peaje de respaldo, comúnmente llamado «impuesto al sol», que sería derogado en 2018 a propuesta de la actual Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien también fijó en 2019 una nueva retribución regulada para los afectados por el recorte de las renovables hasta 2031 para «dar estabilidad, predictibilidad a los inversores y recuperar la confianza de aquellos que se sintieron traicionados en 2013, cuando cambiaron las premisas».
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La foto que aparece en el artículo, pertenece la Planta Fotovoltaica de Montes de Cierzo, en Tudela (Navarra), 1MW operando desde 2002.
Y es propiedad de Acciona Energía, no de MECASOLAR, como indica en el pie de la foto.
Un saludo
Lo acabamos de cambiar, Antonio. Gracias por señalar el fallo, figuraba mal en nuestro archivo!