Después de casi siete meses de negociación, el Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea ha alcanzado este martes un acuerdo para reformar el mercado eléctrico, con el único voto en contra de Hungría. La presidencia española ha sido artífice del acuerdo, que quiere cerrarse de manera vinculante antes de final de año.
El Consejo, que preside España hasta finales de este 2023, destacó que el pacto permitirá “iniciar negociaciones con el Parlamento Europeo” para cerrar el acuerdo. La vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, se mostró “orgullosa” por anunciar el acuerdo y agradeció a todos los ministros su trabajo. “Ha sido una buena experiencia de cómo somos capaces de superar y de sumar y seguir trabajando juntos por una Europa mejor”, afirmó.
La propuesta es parte de una reforma más amplia del mercado eléctrico europeo cuyo diseño incluye una regulación centrada en mejorar la protección de la Unión contra la manipulación del mercado mediante un mejor control y transparencia. En concreto, y de cara a los precios, la reforma busca estabilizar los mercados a largo plazo impulsando los acuerdos de compraventa de energía (PPA), generalizar contratos bidireccionales por diferencias (CfD) y mejorar la liquidez del mercado. Los contratos bidireccionales por diferencia se aplicarían a las inversiones en nuevas instalaciones de generación de electricidad que utilicen energía eólica, energía solar, energía geotérmica, energía hidroeléctrica sin embalse y energía nuclear. Esto proporcionaría previsibilidad y seguridad.
Las normas para los contratos bidireccionales por diferencia solo se aplicarían tras un periodo transitorio de tres años (cinco años para los proyectos de activos marinos híbridos extraterritoriales conectados a dos o más zonas de oferta) tras la entrada en vigor del Reglamento, a fin de mantener la seguridad jurídica de los proyectos en curso.
El Consejo acordó que los Estados miembros promoverían este tipo de acuerdos, y eliminarían barreras innecesarias.
Respecto a los mecanismos de capacidad, que son medidas de apoyo que los Estados pueden introducir para remunerar a las centrales eléctricas para garantizar el suministro, el Consejo acordó eliminar el carácter temporal de estas medidas, con una excepción a los requisitos existentes en relación con los límites de emisiones de CO2 para que los generadores reciban apoyo de los mecanismos de capacidad, en condiciones estrictas y hasta el 31 de diciembre de 2028.
Además, el Consejo introdujo aclaraciones sobre las disposiciones sobre protección de los consumidores. Acordó fortalecer la protección del consumidor estableciendo la libre elección de proveedor y la posibilidad de acceder a precios dinámicos de electricidad, contratos de duración determinada y a precio fijo. También se ha acordado que todos los clientes tengan derecho a sistemas de uso compartido de la energía (uso, uso compartido y almacenamiento de energía autogenerada) y que todos los derechos de los consumidores se extiendan a los clientes finales que participen en sistemas de uso compartido de la energía.
Asimismo, los Estados podrán aplicar precios regulados para los hogares vulnerables y pobres y como medida transitoria para hogares y microempresas, haya o no una crisis de precios de la electricidad.
La orientación general servirá de mandato para las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre la forma definitiva del acto legislativo. El resultado de las negociaciones deberá ser adoptado formalmente por el Consejo y el Parlamento.
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