A primera hora de este martes, los negociadores del Parlamento y el Consejo han alcanzado un acuerdo provisional sobre una nueva normativa que prohíba en el mercado de la Unión Europea los productos fabricados con trabajo forzado.
El nuevo reglamento crearía un marco para hacer cumplir esta prohibición, entre otras cosas mediante investigaciones, nuevas soluciones informáticas y la cooperación con otras autoridades y países.
A instancias del Parlamento, la Comisión elaborará una lista de sectores económicos específicos en zonas geográficas concretas donde exista trabajo forzado impuesto por el Estado. Esto se convertirá en un criterio para evaluar la necesidad de abrir una investigación.
La Comisión también puede identificar productos o grupos de productos para los que los importadores y exportadores tendrán que presentar detalles adicionales a las aduanas de la UE, como información sobre el fabricante y los proveedores de estos productos.
Según el texto acordado, se investigarán las sospechas de utilización de trabajo forzado en las cadenas de suministro de las empresas. Si la investigación concluye que se ha recurrido al trabajo forzado, las autoridades pueden exigir que se retiren las mercancías en cuestión del mercado de la UE de la venta online, y que se confisquen en las fronteras. Los bienes deberán donarse, reciclarse o destruirse. Los bienes de importancia estratégica o crítica para la Unión pueden retenerse hasta que la empresa elimine el trabajo forzado de sus cadenas de suministro.
Las empresas que no cumplan pueden ser multadas. Sin embargo, si eliminan el trabajo forzado de sus cadenas de suministro, los productos prohibidos pueden volver a comercializarse.
Se creará un nuevo Portal Único del Trabajo Forzado para ayudar a hacer cumplir las nuevas normas, que incluye directrices, información sobre prohibiciones, base de datos de zonas y sectores de riesgo, así como pruebas a disposición del público y un portal de denuncias. Una Red de la Unión contra los Productos de Trabajo Forzado ayudaría a mejorar la cooperación entre autoridades.
Las normas también prevén la cooperación con terceros países, por ejemplo en el contexto de los diálogos existentes o de la aplicación de acuerdos comerciales. Esto puede incluir el intercambio de información sobre ámbitos o productos de riesgo y la puesta en común de las mejores prácticas, en particular con países con una legislación similar en vigor. La Comisión, actuando como autoridad competente principal, también podrá llevar a cabo controles e inspecciones en terceros países, si la empresa en cuestión y el gobierno del tercer país están de acuerdo.
El Parlamento Europeo y el Consejo tendrán que dar su luz verde definitiva al acuerdo provisional. El Reglamento se publicará en el Diario Oficial y entrará en vigor al día siguiente. A partir de entonces, los países de la UE dispondrán de 3 años para empezar a aplicar las nuevas normas.
Antecedentes de sospechas en el sector solar
En 2021, el debate sobre el alcance de trabajos forzados en la cadena de valor de la energía solar se avivó después de que el Centro Helena Kennedy de la Universidad Sheffield Hallam de Reino Unido publicó un informe que contiene lo que, probablemente, sea la colección más detallada de enlaces a documentos oficiales relacionados con muchos de los conocidos fabricantes de silicio y polisilicio de grado solar con sede en Xinjiang. Los autores del informe afirmaban que la información «demuestra los claros vínculos entre las empresas solares ubicadas en Xinjiang y los trabajos forzados».
En 2022, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) elaboró una lista de fabricantes chinos de módulos fotovoltaicos –a la que tiene acceso pv magazine– sobre los que existen dudas acerca del uso de trabajos forzados en sus cadenas de suministro. La lista forma probablemente parte de las medidas de due diligence del BERD y demuestra el alto nivel de escrutinio al que se someten las cadenas de suministro de energía solar. Asier Ukar, director general de PI Berlin Spain, analizaba entonces hacia dónde se dirige la industria para mantener las cadenas de suministro libres de acusaciones de trabajo forzado
El pasado mes de octubre, el Consejo Europeo de Fabricantes Solares pedía a la Comisión Europea que prohibiese todos los productos fabricados con mano de obra forzada para garantizar el futuro del sector europeo de fabricación fotovoltaica.
En Estados Unidos, la Ley de Prevención del Trabajo Forzado de Uigures (UFLPA, por sus siglas en inglés) entró en vigor en junio de 2022. Prohíbe la importación de bienes a Estados Unidos que hayan sido fabricados con trabajo forzado en China, especialmente de la región de Xinjiang, según informó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense en su página web. Xinjiang alberga el 50% del suministro mundial de polisilicio, material esencial en los módulos solares convencionales.
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