No cesan las turbulencias para EiDF. En diciembre trascendió que la Fiscalía consideró que habían existido “una cadena de facturación irregular” en la empresa y solicita para Fernando Romero, presidente y antiguo CEO de EiDF, y pedía por ello “tres años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, y una condena de 36 meses por otro seis seis ilícitos penales contables”. Además de Romero, están encausados su madre, María del Carmen Martínez; y Víctor Manuel Fontán Iglesias, director jurídico de la empresa.
Fernando Romero afronta ahora reclamaciones en los tribunales por presuntos impagos a proveedores y antiguos socios, por lo que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pontevedra ha acordado el embargo de una plaza de garaje en para asegurarse el abono de una deuda pendiente de 42.121 euros más 22.500 euros en intereses, según ha publicado este jueves El Confidencial.
En paralelo, “la plataforma de afectados de EIDF y Óscar Romero” se ha puesto en contacto con este medio para explicar su situación, que define como “de desamparo e indefensión por la lentitud de la justicia”.
Añaden que “más de 100 personas en toda España han interpuesto querellas por los delitos de estafa agravada, apropiación indebida, insolvencia punible, falsedad documental, administración desleal y organización criminal contra Óscar Romero Martínez y Fernando Romero Martínez”.
Los afectados son de Galicia, Andalucía, Madrid, Navarra, País Vasco, Cataluña, Castilla y León, Castilla la Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y La Rioja.
Explican que “en la plataforma de afectados de EIDF estamos intentando que las querellas lleguen a la Audiencia Nacional por la envergadura de la estafa. No solo hay una empresa cotizada con más de 700 millones de capitalización de forma artificial, los hermanos Romero han estafado millones de euros a particulares con falsas promesas de inversión e incluso prestaron dinero al Ayuntamiento de Huelva para rescatar al Recreativo de Huelva con dinero de las personas estafadas”, citan.
“La CNMV no tiene entre sus competencias ni auditar ni verificar las cuentas”, dicen los afectados, y añaden “en este momento sí tiene abiertas varias investigaciones que están bajo secreto de sumario”.
En su portal web hay todo tipo de detalles de la supuesta trama y su modus operandi, y animan a los afectados a unirse a la querella colectiva.
EiDF cotiza actualmente en el BME Growth, después de que la CNMV le permitiera hacerlo en agosto de 2023.
La empresa protagonizó en 2022 un crecimiento meteórico: a mediados de año, anunció haber aumentado su cifra de negocio en un 1789% frente a 2021. Llegó a valer 1.721 millones de euros tras experimentar una subida del 1.996% desde su debut en 2021. Su acción alcanzó un precio de 29,76 euros. La gallega fue la empresa más rentable de la Bolsa en 2022, pero en abril empezaron las sorpresas: La CNMV suspendió la cotización de EiDF porque su auditor no firmaba las cuentas. Poco después, la empresa admitió problemas con la auditoría llevada a cabo por PwC. También Deloitte afirmó haber encontrado indicios de falsedad documental en su forensic posterior y, por su parte, la CNMV indicó que habría omitido información crucial a los inversores.
En agosto, además de volver a cotizar, la empresa reformuló sus cuentas y vendió activos y contratos de 53 instalaciones fotovoltaicas.
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