Asturias no cuenta en este momento con ningún sistema de almacenamiento en baterías a gran escala conectado, pero sí tiene 1.220 MW con punto de conexión concedido, y 373 MW en tramitación, según los datos recogidos por Red Eléctrica.
La pasada semana, la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos dio a conocer un anuncio por el que se inicia el trámite para la suspensión de autorizaciones urbanísticas relativas a la instalación de almacenes de baterías en suelos no urbanizable. En ese sentido, el presidente de la Asociación de Almacenamiento de Baterías (AEPIBAL), Luis Marquina, ha compartido con pv magazine su visión de esta medida.
“Todo el cuerpo normativo existente en la actualidad, tanto de ámbito nacional como autonómico, con especial mención al Decreto Legislativo 1/2004 de 22 de abril por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, ofrece herramientas perfectamente válidas para regular y evaluar los diferentes proyectos en marcha en Asturias, por lo que un primer decreto de urgencia que abogue por una suspensión de la tramitación de los proyectos en curso es, en el fondo, una moratoria encubierta -sine die- a la espera de un decreto final que llevará tiempo y mucho estudio llevarlo a cabo”.
Además, añade que “la decisión se ha tomado precipitadamente, sin que la Consejería de Ordenación de Territorio profundizara en los argumentos científicos y racionales que AEPIBAL siempre ha aportado y que, estamos convencidos, habrían ayudado a racionalizar algunas posiciones, así como a informar y formar a las diferentes partes afectadas, especialmente a los ciudadanos”.
La asociación explica que la propuesta de limitación de las instalaciones de almacenamiento a suelos industriales o industriales degradados «reducirá mucho el potencial de desarrollo de proyectos al tratarse de suelos más onerosos, que además obligará al desarrollo de más redes eléctricas de conexión desde esos suelos a las subestaciones de enganche».
Señala, además, que las distancias de referencia mínimas recomendadas de 1.000 m respecto a núcleos urbanos o de 500 m respecto a edificaciones de uso exclusivamente ganadero o a viviendas «es 50 veces superior a las distancias mínimas requeridas en países como Reino Unido o EE. UU.».
Desde AEPIBAL añaden que los proyectos incluyen «medidas de todo tipo, especialmente de INTERNA mitigación de incendios, de impacto visual (con una altura no superior a 3m y perfectamente mimetizables con su entorno el impacto visual podría ser nulo), de impacto en la avifauna (inexistente), de impacto sonoro (muy bajo) y, por último, de emisiones electromagnéticas (inexistente para hombres y animales, ya que las baterías son sistemas en corriente continua en los que no existen dichas emisiones)».
Por último, afirman que «entendemos que los organismos públicos deben ofrecer respuestas a las preocupaciones ciudadanas, aunque estas tengan bases acientíficas y desproporcionadas, pero entendemos a su vez que es también su deber dimensionar los problemas en su justa medida y buscar soluciones desde el diálogo con todas las partes».
Primeros proyectos en desarrollo
El desarrollo del almacenamiento en baterías en España avanza con lentitud. En este momento, según datos de Red Eléctrica, en España hay 31 MW de almacenamiento en baterías conectado: 24 MW en Aragón, 6 MW en País Vasco y 1 MW en Galicia.
En cambio, hay 9.030 MW con punto de conexión concedido, y se tramitan puntos de conexión por 6.208 MW. En cabeza, con 2.168 MW de almacenamiento en baterías concedidos y 867 MW en tramitación, va Cataluña, y Asturias ocupa el 2.º lugar.
Sigue Andalucía, con 1.195 MW de almacenamiento en baterías concedidos y 865 MW en tramitación; y País Vasco –que tiene, además, 1 MW instalado–, con 878 MW concedidos.
Cantabria cuenta con 715 MW concedidos y 105 MW en tramitación; Canarias, 662 MW y 70 MW, respectivamente; y la Comunidad Valenciana, presenta 583 MW y 872 MW.
Islas Baleares suma 479 MW concedidos y 460 MW; Comunidad de Madrid, 466 MW y 1.059 MW; Aragón, 409 MW y 259 MW; Galicia, 234 MW y 644 MW; Castilla y León, 14 MW y 445 MW; Castilla-La Mancha, con tan solo 5 MW concedidos y 189 MW en tramitación, y Navarra, con 2 MW concedidos.
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