El impulso necesario para la agrivoltaica, la solución para la agricultura y la energía renovable

Agricultura, alimentación. Energía renovable, futuro sostenible. Estos conceptos unidos todavía están lejos de ser una realidad. La agrivoltaica, que combina la producción agrícola con la generación de energía solar, está emergiendo como una solución transformadora para optimizar el uso del suelo y enfrentar los desafíos del cambio climático. Este modelo no solo busca maximizar la rentabilidad del suelo agrícola, sino que también proporciona numerosos beneficios tanto para los agricultores como para el medio ambiente.

Los argumentos positivos de la agrivoltaica son mundialmente conocidos, como es su capacidad para incrementar la productividad agrícola de manera indirecta. Aunque es importante ser cautos al afirmar un incremento directo en la productividad, existen evidencias de que los cultivos pueden beneficiarse de la sombra proporcionada por los paneles solares. Ello ayuda a reducir la evaporación del agua y mejora el microclima local, lo cual puede ser particularmente útil en regiones con altas temperaturas y radiación solar intensa. Al proporcionar un entorno más controlado, los paneles solares pueden mitigar el estrés hídrico de las plantas, contribuyendo así a una mejor calidad de los cultivos.

A diferencia de otros proyectos fotovoltaicos que compiten directamente por el uso del suelo con la agricultura, la agrivoltaica optimiza este recurso al permitir la continuidad de las actividades agrícolas. Los módulos solares se instalan de manera estratégica para no interferir con la producción de alimentos, sino para protegerla y potenciarla. Este enfoque no solo conserva el uso agrícola del suelo, sino que también mejora su eficiencia y sostenibilidad, demostrando ser una solución viable para la coexistencia de la agricultura y la generación de energía solar. Todos estos argumentos son los que llevan a Verdian a pensar en este binomio de forma estratégica para todos los proyectos en desarrollo en los países donde opera, actualmente España e Italia.

Además de los beneficios ambientales, la agrivoltaica impulsa económicamente al sector agrícola y al desarrollo rural. Los agricultores pueden generar nuevas fuentes de ingresos a través de la venta de electricidad o del alquiler del terreno a empresas de energía solar. La implementación de estos proyectos, que son más complejos que los sistemas fotovoltaicos convencionales, requiere de equipos locales, fomentando así el empleo y la actividad económica en las áreas rurales. Este modelo no solo beneficia a los agricultores, sino que también promueve el desarrollo sostenible de las comunidades rurales.

Otro aspecto importante es la provisión de energía barata y accesible para diversas actividades agrícolas, como la gestión del riego o el bombeo de agua para balsas de riego, sustituyendo directamente las fuentes de energía fósil empleadas actualmente por recursos renovables y reduciendo así la huella de carbono de la actividad agraria. Dado que el perfil de consumo energético en la agricultura suele coincidir con los períodos de alta radiación solar, esta sinergia permite una utilización óptima de la energía generada, reduciendo costos operativos y mejorando la eficiencia de los sistemas de riego.

Los efectos adversos del cambio climático ya están afectando a la producción agrícola en Europa, especialmente en los países del sur. Es por ello que al propio sector no le queda más que adaptarse implementando nuevas formas de explotación agrícola para garantizar la supervivencia del sector. La agrivoltaica es un paso más en dicha dirección donde combinaríamos el alcance de la independencia energética del continente con la independencia alimenticia, siendo las dos necesidades perfectamente complementarias.

Pero, para que la agrivoltaica alcance su máximo potencial, es necesario realizar ciertos cambios regulatorios. En Europa, varios países han implementado regulaciones exitosas en este ámbito. Alemania, por ejemplo, ha desarrollado marcos legales que permiten la integración efectiva de la agricultura y la energía solar. Francia y Holanda también ofrecen buenos ejemplos de regulación, promoviendo proyectos que maximicen los beneficios para ambos sectores.

Es crucial establecer una definición clara y específica de la agrivoltaica en la legislación para evitar confusiones y oportunismos. Esta definición debe garantizar que los proyectos realmente integren de manera sostenible la producción agrícola y la generación de energía solar. Además, es fundamental crear un marco regulatorio adaptado que fomente la compatibilidad entre ambas actividades, diferenciando estos proyectos de los sistemas fotovoltaicos convencionales y estableciendo objetivos claros en términos de capacidad instalada. También es esencial simplificar y acelerar los procesos de tramitación para estos proyectos, reconociendo sus particularidades y beneficios adicionales.

El caso italiano es paradigmático, pues el gobierno de Giorgia Melloni está impulsando un nuevo marco normativo que prohíbe el despliegue de plantas solares en terrenos agrícolas productivos con el objetivo de “evitar la desertización” de las tierras agrícolas italianas en lo que se ha denominado el DL Agricoltura. En este Decreto Ley afortunadamente la prohibición no se aplica a instalaciones agrivoltaicas, por lo que quizás este puede ser el impulso definitivo que necesita este concepto del que mucho se ha hablado pero pocos ejemplos fructíferos hay.

La compatibilidad con las ayudas públicas es otro aspecto clave. Es necesario modificar las regulaciones existentes para asegurar que los proyectos de agrivoltaica puedan beneficiarse de incentivos, como las del Programa de Apoyo Comunitario (PAC), sin perder los beneficios destinados a la actividad agrícola. Además, la colaboración entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura es vital para coordinar esfuerzos y promover la aceptación social de la agrivoltaica en las comunidades rurales.

En conclusión, la agrivoltaica representa una solución innovadora que optimiza el uso del suelo, proporciona beneficios económicos y ambientales, y promueve el desarrollo sostenible de las comunidades rurales. Con los cambios regulatorios adecuados, este modelo tiene el potencial de transformar tanto el sector agrícola como el energético, ofreciendo una vía viable hacia una convivencia más sostenible.

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