El pasado 21 de agosto, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM o ESMA, siglas en inglés de European Securities and Markets Authority), el regulador y supervisor de los mercados financieros de la Unión Europea, publicó traducciones a todas las lenguas oficiales de la UE de sus Directrices sobre los nombres de los fondos que utilizan términos relacionados con la sostenibilidad o los principios ESG.
Estas normativas buscan, entre otras cuestiones, prevenir el riesgo de «greenwashing» en la gestión de fondos, y para ello exigen que los fondos que utilicen términos relacionados con la sostenibilidad en sus nombres aseguren que al menos el 80% de sus inversiones tengan características medioambientales o sociales, y que inviertan significativamente en activos sostenibles.
Allfunds, una plataforma multinacional con sede en España que conecta a gestoras de fondos con los distribuidores que venden estos vehículos al cliente final; junto con MainStreet Partners, consultora londinense especializada en análisis de carteras –especialmente, las dedicadas a inversiones sostenibles y de impacto–, han evaluado las repercusiones de la nueva normativa, que será de obligatorio cumplimiento el 21 de mayo de 2025 para los fondos que existían antes de la entrada en vigor de la regulación, y el 21 de noviembre de 2025 para los fondos de nueva creación.
MainStreet Partners ha analizado más de 7.000 fondos y concluye que aproximadamente 1.800, es decir, el 25% de estos, emplean terminología afectada por las nuevas normativas. Estos fondos deberán cumplir con las directrices o cambiar sus nombres. Los fondos bajo artículo 8 de la normativa europea Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) son, según los analistas, los más impactados, ya que representan el 67% de los que necesiten ajustarse.
Las exclusiones que los fondos deben implementar varían según los términos utilizados en sus nombres.
Los fondos que incluyan términos como por ejemplo «medioambiental», «impacto» y «sostenibilidad» deben adoptar las mismas exclusiones que los índices de referencia (benchmarks) alineados con el Acuerdo de Paris (“Paris-Aligned Benchmarks” o PAB). Aquellos que incluyan términos como «transición», «social» y «gobernanza» deben adoptar las exclusiones de los benchmarks de transición climática (“Climate Transition Benchmarks” o CTB).
Los CTB excluyen empresas involucradas en el cultivo y producción de tabaco, las involucradas en alguna actividad relacionada con armas de fuego, y aquellas que incumplen el Pacto Mundial de la ONU o los Principios de la OCDE. Los PAB son más estrictos ya también excluyen, por ejemplo, empresas con ingresos del 10% o superiores derivados de actividades relacionadas con combustibles fósiles.
La investigación de MainStreet Partners muestra que el 66% de todos los fondos que deben cumplir con CTB o PAB están expuestos actualmente a inversiones que incumplen sus exclusiones.
Los analistas de Morningstar llegaron a conclusiones parecidas. El pasado mes de agosto publicaron un informe analizando la clasificación de los fondos como productos del Artículo 8 y 9. Estos representan actualmente el 24,6% del total de fondos de la Unión Europea, y se espera que puedan crecer hasta representar hasta el 50% de los activos en el próximo año.
La inmensa mayoría de los fondos del artículo 8 y 9 se gestionan de forma activa, con solo el 11% de los fondos del artículo 8 y el 10% de los fondos del artículo 9 gestionados de forma pasiva. Además, tienen una exposición elevada a los sectores tecnológico, sanitario e industrial. En el caso del sector industrial, las exposiciones son a empresas innovadoras involucradas en la búsqueda de soluciones de carbono.
No obstante, los fondos que se encuentran bajo estos artículos todavía tienen una exposición relativamente alta al sector de combustibles fósiles; en concreto, el 33% de artículo 9 y el 30% de artículo 9 tienen más del 5% de exposición a compañías de combustibles fósiles.
Sectores con más infracciones
Dentro de los fondos sujetos a los requisitos del PAB, el carbón y los combustibles fósiles son las actividades infractoras más comunes. La mayoría de los incumplimientos relacionados con los combustibles fósiles y el carbón se deben probablemente a actividades tangenciales de empresas invertidas, más que a actores puros en esos campos.
Aunque dos tercios de los fondos afectados no cumplen con las nuevas normativas, el porcentaje de activos bajo gestión impactados es relativamente bajo. Lo más probable es que los gestores de fondos busquen liquidar sus participaciones en aquellas empresas que no cumplan con las exclusiones; sin embargo, una cantidad reducida de gestores ha expresado su deseo de cambiar el nombre de sus fondos afectados.
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