La Unión Europea está intensificando las iniciativas para acelerar su transición energética. En los últimos años, sus miembros han acordado políticas ambiciosas como el Pacto Verde para Europa, cuyo objetivo es lograr la neutralidad de carbono en 2050, o el programa Fit for 55, que exige una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Para lograrlo, Bruselas ha asignado presupuestos considerables: 1 billón de euros en diez años como parte del Pacto Verde y 600.000 millones de inversión adicional destinada a infraestructuras energéticas a través del Plan de Acción de Redes de la UE.
Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado una nota de análisis titulada «Europe’s clean energy future can only be secured through unified action» (El futuro de la energía limpia en Europa solo puede garantizarse mediante una acción unificada), que plantea una cuestión crucial: a pesar de estos esfuerzos financieros, ¿son suficientes los compromisos de Europa para modernizar sus redes eléctricas?
El reto de la financiación privada
«En Europa se necesitan más de 584.000 millones de euros de inversión a lo largo de esta década para alcanzar el objetivo Fit for 55, que implica desplegar un 42,5% de energías renovables en la red de aquí a 2030, según ha declarado la Comisión Europea», señalan los analistas de la AIE.
Aunque los fondos públicos supondrán una parte importante de la inversión, la AIE advierte que no será suficiente y que el capital privado será esencial. Para atraer esta inversión en un contexto económico en el que prima la rentabilidad a corto plazo, Europa necesita construir un argumento económico sólido y convencer al sector privado de que se comprometa masivamente con esta modernización. En otras palabras, garantizar una rentabilidad competitiva de la inversión. «Las empresas privadas sólo invertirán si los beneficios esperados son al menos comparables a los de otras soluciones», señalan los tres autores de la nota.
Coordinación europea insuficiente
Otro obstáculo importante que destaca la AIE es la fragmentación de las políticas nacionales de regulación de las redes: a pesar de la interconexión regional, los marcos legislativos y reglamentarios varían considerablemente de un país a otro, lo que puede ralentizar las iniciativas de desarrollo y frenar la eficacia de las inversiones. «La buena noticia es que esta labor [de coordinación] ya está en marcha, con organizaciones como ENTSO-E, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte, que coordinan las inversiones a gran escala en la red europea», subrayan los tres analistas en tono positivo.
La cuestión de la armonización seguirá siendo central hasta que las iniciativas se pongan en práctica: ¿cómo puede Europa actuar de forma más coordinada para evitar retrasos y maximizar el impacto de sus inversiones? Mientras Europa actúa con lentitud, Estados Unidos y China aceleran su transición energética con estrategias integradas. Los retrasos en la electrificación de las industrias europeas o en el aprovechamiento de las fuentes renovables podrían frenar no sólo la transición energética, sino también el crecimiento económico a largo plazo.
«Las principales conclusiones de ENTSO-E demuestran que invertir en la red energética ofrece grandes beneficios para la sociedad en su conjunto. Se espera que una inversión anual de 6 000 millones de euros en infraestructuras transfronterizas hasta 2040 permita ahorrar 9 000 millones de euros al año en costes de producción. Además, la inversión evitará la limitación de 42 TWh de energía renovable cada año».
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