Christian Laibacher, ex director dela empresa alemana Solar Fabrik, hizo una confesión completa al inicio de su juicio, que comenzó el pasado miércoles en la ciudad alemana de Würzburg. Esto le ahorró un segundo día de juicio –en el que, al menos, seis funcionarios de aduanas iban a declarar como testigos– y una estancia en prisión.
Como director general también de la distribuidora ESC Verwaltungs GmbH & Co. KG en el período comprendido entre 2014 y 2016, Laibacher había eludido los precios mínimos de importación de módulos solares chinos en Europa vigentes en ese momento. La supervisión era responsabilidad de las principales aduanas. Según un informe del medio alemán Main Post, pagó los precios aplicables sobre el papel a los fabricantes fotovoltaicos chinos, pero luego recibió reembolsos a posteriori. Se dice que Laibacher creó una empresa ficticia en Abu Dhabi para estas devoluciones. Según el informe del periódico, Laibacher declaró que lamentaba sinceramente sus acciones y las justificó por la difícil situación del mercado en la industria fotovoltaica en aquel momento.
Al final, la condena fue de dos años de libertad condicional, que corresponde a la pena máxima según el acuerdo procesal, según confirmó la fiscalía de Würzburg a pv magazine. La defensa de Laibacher había pedido una condena condicional de un año y diez meses.
Los jueces también ordenaron el decomiso de casi 1,2 millones de euros. Estos bienes pertenecientes a Laibacher habían sido confiscados durante su detención en verano y ahora se utilizan para saldar las deudas fiscales que se han identificado. En total, el juicio se centró en evasiones fiscales por un valor total de 9,1 millones de euros. Laibacher quedó en prisión preventiva desde su detención el pasado verano hasta el inicio del juicio por riesgo de fuga.
La devolución de la diferencia de unos ocho millones de euros no forma parte de la sentencia del tribunal regional, dijo un portavoz de la fiscalía de Würzburg. No obstante, la aduana podría enviarle un requerimiento de pago. «Como condición para la libertad condicional, el acusado también debe pagar 45.000 euros a una organización benéfica», continuó el portavoz.
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