La Comisión Europea ha dado este miércoles un aviso al Estado español para que cumpla con la normativa comunitaria para simplificar y agilizar los permisos para proyectos de energías renovables e infraestructuras para integrar recursos adicionales al sistema eléctrico; una reforma que los Estados miembros deberían haber trasladado a su legislación ya en julio de 2024.
“La Comisión Europea emprende acciones legales contra los Estados miembros por incumplimiento de las obligaciones que les impone la legislación de la UE. Estas decisiones, que abarcan diversos sectores y ámbitos políticos de la UE, tienen por objeto garantizar la correcta aplicación de la legislación de la UE en beneficio de los ciudadanos y las empresas”, explica la Comisión.
El dictamen motivado es la segunda fase en un procedimiento de infracción, y da a las autoridades españolas un nuevo plazo de dos meses para resolver las irregularidades que ya le notificó Bruselas en septiembre del pasado año, mediante una carta de emplazamiento que supuso la apertura del expediente sancionador.
Bulgaria, España, Francia, Italia, Chipre, los Países Bajos, Eslovaquia y Suecia no han incorporado a su legislación nacional las normas de la UE que aceleran los procedimientos de concesión de permisos para proyectos de energías renovables y los proyectos de infraestructuras necesarios para integrar la capacidad adicional en el sistema eléctrico. Incluye plazos claros para los procedimientos de concesión de permisos dirigidos a tecnologías o tipos de proyectos específicos. Además, introduce la presunción de que los proyectos de energías renovables, almacenamiento y las infraestructuras de red conexas son de interés público superior. También se impone a los Estados miembros la obligación de diseñar «zonas de aceleración de las renovables» en las que los proyectos puedan beneficiarse de plazos más breves para la concesión de permisos, dado el escaso impacto ambiental.
Si se cumple esta segunda fase sin que los ocho Estados miembros hayan resuelto la situación, los servicios comunitarios podrán decidir entrar en la tercera y última etapa del proceso, que supone denunciar al Estado miembro por incumplimiento de la directiva ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
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