Restaurar los territorios tras el desmantelamiento de instalaciones eólicas y solares

Cuando los activos renovables se acercan al final de su vida operativa, el propietario del proyecto tiene varias opciones (no todas reconocidas legalmente): desmantelamiento, repotenciación, renovación del proyecto, funcionamiento hasta el fallo o abandono de los equipos in situ.

En escenarios futuros, con un sistema eléctrico en gran medida descarbonizado, la ocupación del suelo por la energía solar a gran escala oscilará entre el 0,5 y el 2,8% del territorio total de la UE. Sin embargo, esta afirmación general tiene la salvedad de que los paisajes afectados a menudo pueden acomodar un uso polivalente de la tierra y reducir así su compromiso de suelo necesario.

A pesar de esa posible combinación de usos, un grupo de investigación de la Universidad de Granada ha analizado el legado paisajístico de proyectos renovables (principalmente eólicos y fotovoltaicos) abandonados, pues la huella física de las tecnologías renovables puede provocar alteraciones a largo plazo en el uso del suelo y la estética visual.

Los científicos han revisado la investigación sobre la gestión de residuos y las estrategias de desmantelamiento y afirman que esta ha crecido, pero sigue habiendo importantes lagunas en la comprensión de cómo los marcos regulatorios existentes abordan -o no lo hacen- estos desafíos. “Por lo tanto, es crucial que sepamos si existen normativas adecuadas para abordar la vida útil de las infraestructuras de energías renovables a medida que pensamos en cómo reciclar los paisajes que estas ocuparon”, explican los autores del trabajo “Abandoning renewable energy projects in Europe and South America: An emerging consideration in the recycling of energy landscapes”, que se publicará en abril de este año en la revista Energy for Sustainable Development, donde analizan los obstáculos para el desmantelamiento formal de estas instalaciones.

“Hasta el momento, no existen estimaciones fiables sobre las instalaciones de renovables abandonadas en Europa y Sudamérica; sin embargo, debido a la creciente intensidad del despliegue de renovables, pronto pueden acumularse miles de turbinas y paneles solares abandonados en todo el mundo y generar nuevos conflictos por el uso del suelo”, añaden.

La principal conclusión del trabajo es que los parques eólicos abandonados son consecuencia de las lagunas y deficiencias de la normativa sobre desmantelamiento de infraestructuras de energías renovables, en particular en el caso de las instalaciones abandonadas antes de alcanzar el final de su vida útil operativa. “La necesidad de mejorar esas normativas será crucial para garantizar la restauración y el reciclaje de los paisajes energéticos renovables en el futuro”, afirman.

Pero también han analizado otros casos en los que el desmantelamiento no se ha producido en infraestructuras para las que este se ha requerido formalmente. Es el caso de las centrales eólicas de Keyenberg (Alemania) y Jepírachi (Colombia) y de la central solar fotovoltaica de Núñez de Balboa (España).En Keynberg, las autoridades han instado a los propietarios a detener el desmantelamiento del parque eólico para dejar paso a una mina a cielo abierto, después de que los activistas dijeran que la medida simbolizaba un retroceso en los planes de protección del clima del Gobierno. En el caso de Jepírachi, la empresa está a la espera de la declaración formal de la autoridad medioambiental para iniciar la fase de desmantelamiento. En cuanto a Núñez de Balboa, el tribunal ordenó a la promotora desmantelar esta planta fotovoltaica y devolver las 500 hectáreas de terreno en las que se encuentra a su propietario, al considerar que fueron expropiadas ilegalmente, aunque no está obligada legalmente a restaurar el paisaje en su estado anterior al proyecto. Sin embargo, esta planta solar sigue en funcionamiento mientras la promotora recurre ante los tribunales.

Proyectos abandonados

En el estudio, los científicos han analizado nueve proyectos renovables, de los que solo uno es fotovoltaico. Se ubican en Italia, España, Venezuela y Argentina.

Tres centrales se abandonaron antes de su funcionamiento y seis durante el mismo. Dentro de las infraestructuras abandonadas durante la explotación, tres fueron desactivadas y tres siguen inyectando electricidad a la red. Las razones identificadas para el abandono pueden agruparse en las siguientes topologías: mala planificación, falta de gestión, cuestiones económicas, cuestiones tecnológicas y otros intereses.

El parque fotovoltaico Vinapoló, en Beneixama, fue abandonado debido a que no se permitió la inyección de energía por superar la capacidad instalada inicialmente acordada, según recogen los autores en el artículo. Los propietarios estarían negociando su venta para ponerla en funcionamiento, pero desde 2011 ni el Ayuntamiento ni el Consell han exigido que se desmantele.

Dos centrales eólicas, Butera (Italia) y La Guajira (Venezuela) se abandonaron antes de entrar en funcionamiento. La primera fue abandonada porque el Ayuntamiento no llevó a cabo las expropiaciones necesarias para construir las subestaciones eléctricas. La construcción de la segunda central, con un presupuesto gubernamental de 225 millones de dólares, se inició en 2011 pero nunca se concluyó. Al parecer, la insuficiente coordinación y planificación impidió la conexión del proyecto a la red eléctrica debido a que la infraestructura de interconexión y las subestaciones quedaron inconclusas. En 2018, el entonces Ministro de Energía Eléctrica, al intentar reanudar la construcción de este parque eólico, anunció que el 80% del «material estratégico» del parque había sido objeto de vandalismo. Los aerogeneradores habían sido desvalijados, con los rotores desmontados y todas las piezas retiradas, e incluso dos máquinas cayeron al suelo y posteriormente fueron vendidas como chatarra.

Las otras tres centrales eólicas (Montaña Mina, Monte Arci y Jorge Romanutti) se abandonaron durante su funcionamiento.

Montaña Mina, situada en San Bartolomé (Islas Canarias), entró en funcionamiento en 1992. El parque eólico fue abandonado en 2014 debido a la quiebra de la empresa que lo gestionaba y está inoperativo desde 2017. Actualmente, los aerogeneradores están dañados y obsoletos, pero debido a que la empresa propietaria estaba en quiebra, no se llevaron a cabo las obras de desmantelamiento. Un intento de repotenciar el parque eólico en 2018 no fue aprobado, ya que las autoridades locales no lo consideraron necesario y querían recuperar esa parte de la montaña. Aunque se ha solicitado en tres ocasiones el desmantelamiento de este parque eólico, este no se ha materializado porque ello implicaba un alto coste que el ayuntamiento no quiere asumir, argumentando que no es su responsabilidad.

En el caso de la central eólica de Monte Arci, Italia, el parque eólico, con 34 turbinas, se inauguró en 2000, pero funcionó solo unos meses antes de ser desactivado. Se abandonó porque las turbinas quedaron tecnológicamente obsoletas, convirtiéndose en pocos años en un montón de chatarra. Se enviaron numerosas cartas, advertencias, recursos y una orden de desalojo, pero apenas se tomaron medidas hasta 2010, cuando se contactó con la empresa propietaria para que desbrozara y restaurara el emplazamiento. Se produjo un cumplimiento parcial. Tras más de dos décadas de lucha, en 2020 se inició por fin el desmantelamiento de los aerogeneradores y las obras de restauración del paisaje, pero no se restauró por completo: las carreteras de acceso a los aerogeneradores siguen formando parte del Parque Natural. Ahora es necesario verificar la contaminación del subsuelo y determinar las obras compensatorias por los daños sufridos.

Conclusiones: falta normativa

En realidad, el ritmo de desmantelamiento de parques eólicos en Europa es menor de lo que se esperaba, debido principalmente a la falta de leyes y reglamentos que exijan responsabilidad a propietarios, empresas y promotores. El desmantelamiento completo depende de que existan los acuerdos legales necesarios.

Esta investigación muestra que ninguno de los países donde se ubican los proyectos energéticos en cuestión contaba con una normativa específica cuando se autorizaron estos proyectos que contemplara la recuperación del medio ambiente y el paisaje y la gestión de residuos de los proyectos abandonados o que habían llegado al final de su fase operativa.

Aunque países como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia ya han regulado el desmantelamiento de parques eólicos incorporando depósitos de garantía o seguros para cubrir el desmantelamiento, no especifican la responsabilidad para el caso de que el parque eólico deje de funcionar antes de finalizar su fase técnica operativa. Solo Dinamarca ha incluido específicamente en su legislación la declaración de que el desmantelamiento debe comenzar un año después de que el parque eólico haya dejado de funcionar como muy tarde.

En definitiva, los científicos señalan que deberían tomarse medidas para garantizar la plena restauración de los territorios tras el desmantelamiento de las instalaciones. “En este sentido, recomendamos que los responsables políticos y de la toma de decisiones consideren la adopción de marcos normativos similares a los de países como Dinamarca, donde la planificación del desmantelamiento es obligatoria incluso antes de que los proyectos alcancen el final de su fase técnica operativa. Dado que todo proyecto sujeto a evaluación ambiental debe incluir una fase de desmantelamiento, la cuestión no es la falta de importancia de la misma, sino que la normativa actual no exige que se ejecute esta fase. Por lo tanto, es crucial que las políticas hagan hincapié en el establecimiento de normativas y garantías que cubran todo el ciclo de vida de los proyectos para asegurar su verdadera sostenibilidad”, concluyen.

Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, contacte: editors@pv-magazine.com.