En diciembre de 2009, Galicia fue pionera con la aprobación del primer canon eólico de España. Desde entonces, cinco impuestos gravan la producción energética y, más recientemente, la Xunta ha creado un sexto impuesto para la eólica marina a modo de réplica del canon eólico previamente existente (cables de evacuación en tierra).
Castilla y León, que ya aplica una tasa eólica, también tiene un impuesto sobre la afección medioambiental causada por aprovechamientos del agua en embalses, parques eólicos, centrales nucleares e instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión. Castilla-La Mancha, por su parte, dispone de impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente, así como un canon eólico.
En enero de 2024 el Gobierno autonómico de Aragón dio luz verde, mediante un anteproyecto de ley, a un nuevo impuesto a las plantas de generación de energías renovables que finalmente se aprobó a finales de mayo. Se establecieron cánones en forma de pago anual o trimestral en función del número de máquinas, hectáreas ocupadas o potencia de las instalaciones solares o eólicas alegando “afección medioambiental” de los proyectos que obligaba a mantener el “equilibrio territorial” frente a otras actividades económicas que compiten por el mismo suelo. El problema de gravar en función de hectáreas es que una instalación agrovoltaica que deje más espacio entre las hileras de paneles se verá más afectada que una que no lo haga, por ejemplo.
A través de este gravamen al viento y el sol, el Ejecutivo aragonés esperaba ingresar 30 millones de euros extra en 2024 (aunque algunas fuentes afirman que dicho ingreso fue un 42% inferior a lo previsto).
Este tipo de “impuestos compensatorios” se suman a las medidas compensatorias que ya realizan per se los proyectos renovables (y que algunos promotores consideran cuestionables). Se aplican en Aragón y País Vasco, y este 2025 entrarán en vigor en La Rioja.
Si en el titular de esta nota se habla de la Península es porque parece que el fenómeno se expande también por Portugal: a principios de este año, el Partido Socialista de Portugal propuso cambiar el Impuesto Municipal sobre Inmuebles (IMI) para incluir los equipos en la valoración de las renovables. La valoración de presas, parques eólicos y plantas fotovoltaicas a efectos del IMI debería hacerse por el método de costes, que en el caso de las presas incluiría los equipos utilizados en la explotación; en el caso de los parques eólicos, deberían incluirse también las torres, y en el de los fotovoltaicos, los paneles solares. Se trata de una propuesta del PS, apoyada por los ayuntamientos y que, de salir adelante, hará que la cuota del impuesto se dispare.
João Galamba, Secretario de Energía de Portugal de 2018 a 2023 y posterior Ministro de Infraestructura del país, señalaba en la red social X (antes Twitter) “El PS quiere penalizar las energías renovables. Eso es exactamente lo que el país necesita ahora: penalizar nuestro principal factor de competitividad. No hay nada más absurdo que esto”.
¿Intervencionismo con sello social?
Pero la intervención en el despliegue renovable no se limita al ámbito fiscal. Otras Comunidades Autónomas como Baleares, Canarias o País Vasco han legislado para que los promotores se vean obligados a incorporar como accionistas de sus parques a vecinos o ayuntamientos, decisión que puede parecer cargada de buena intención y grandes aspiraciones sociales pero que muchas empresas miran con recelo (y supone un gran agravio comparativo con respecto a otras actividades).
Los promotores eólicos en Galicia deberán firmar un PPA (Power Purchase Agreement, en inglés) con empresas gallegas por lo menos por el 50% de la energía producida. También pretenden obligar a los promotores a repotenciar los parques al cumplir los 25 años.
En el País Vasco, los promotores de nuevos proyectos renovables deberán ofrecer, como mínimo, un 20% de la potencia total de la instalación la ciudadanía y a las industrias y comercios, prioritariamente en el municipio donde se ubique o en los municipios limítrofes o comarca a la que pertenezcan.
La obligatoriedad de ceder una parte de la planta renovable también se exige en Cataluña, donde los promotores de proyectos de parques eólicos y plantas solares fotovoltaicas de potencia superior a 5 MW situados en suelo no urbanizable tienen que demostrar la disponibilidad, o compromiso de disponibilidad, de más del 50% de los terrenos agrícolas privados sobre los que se proyecta la instalación.
Yendo un paso más allá, para solicitar la declaración de utilidad pública junto con la autorización administrativa previa y de construcción, y la declaración de impacto ambiental, deberán que acreditar que disponen, como mínimo, de acuerdos con los propietarios del 85% de la superficie privada que se pretenda ocupar con el proyecto.
Limitaciones
En 2021, el Consejo Regulador de la DOC Rioja ya emitió un manifiesto alertando de la “proliferación” de infraestructuras verdes en el que exigía un “plan de ordenación del territorio”. En diciembre de 2024, el Gobierno de La Rioja aprobó finalmente el “Impuesto sobre el impacto visual y medioambiental producido por elementos de suministro de energía eléctrica, elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas e instalaciones de energías renovables”. Este impuesto, no obstante, no afecta a una de las mayores centrales de ciclos combinados de nuestro país, Arrúbal, propiedad de la estadounidense ContourGlobal y cuyo impacto en el paisaje parece no ser motivo de conflicto.
A pesar de todo, esa competición por el uso de suelo agrícola por parte de instalaciones fotovoltaicas no es real: desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) comparten el dato de que las plantas fotovoltaicas ocupan, de media, el 0,2% de suelo agroganadero en España, y en La Rioja esa cifra es aún menor: el 0,076% de suelo agroganadero riojano está utilizado a día de hoy por plantas fotovoltaicas.
Más allá de la eólica o la solar, se están fijando limitaciones a otras tecnologías. En Asturias, a través de la exigencia de importantes distancias mínimas a los parques de baterías, todos los partidos políticos asturianos, en una rara muestra de unanimidad, han respaldado una moratoria sobre nuevas instalaciones de almacenamiento. En Aragón, la restricción afecta a la energía solar flotante en embalses.
Hay, finalmente, otro tipo de exigencias revestidas de sostenibilidad: en estos momentos, la plataforma Renovables sí, pero així no reclamar al Govern de las Islas Baleares y al Consell de Mallorca una moratoria en la tramitación y la aprobación de nuevas centrales fotovoltaicas en suelo rústico y que estas se instalen en otros lugares, como en los tejados de naves industriales o aparcamientos. Esta petición la han realizado incluso partidos políticos autocalificados como “pro renovables”, si bien Europa “solo” puede producir el 25% de la electricidad que necesita si instalase fotovoltaica en todos sus tejados disponibles y adecuados para ello.
Más allá de la intervención en el mercado en forma de impuestos u obligaciones para “democratizar la energía”, las redes sociales y algunos medios están propagando bulos, como el del “efecto discoteca” que genera la energía solar o las repercusiones para la salud de la población de la electricidad generada por plantas fotovoltaicas. También hay quienes busca generar indignación denunciando la cantidad de olivos o naranjos que tal o cual proyecto va a destruir, y señalan extraños intereses políticos relacionados con la Agenda 2030, a la vez que lamentan que los grandes fondos estén detrás de muchos proyectos renovables, sin que les ofenda, en ningún caso, que los cultivos intensivos acaben con la biodiversidad o sean comprados en masa por grandes fondos de inversión. Resulta interesante preguntarse a quién benefician estos bulos o información manipulada que se expanden a sus anchas entre población poco informada que siente amenazada por los proyectos renovables.
En el siguiente artículo de esta serie se analiza el porqué del rechazo a estos proyectos desde el punto de vista de la población afectada, y en un tercero, se intentará arrojar luz sobre las noticias falsas y los intereses que alimentan la oposición a los proyectos.
Este contenido está protegido por derechos de autor y no se puede reutilizar. Si desea cooperar con nosotros y desea reutilizar parte de nuestro contenido, contacte: editors@pv-magazine.com.
Al enviar este formulario, usted acepta que pv magazine utilice sus datos con el fin de publicar su comentario.
Sus datos personales solo se divulgarán o transmitirán a terceros para evitar el filtrado de spam o si es necesario para el mantenimiento técnico del sitio web. Cualquier otra transferencia a terceros no tendrá lugar a menos que esté justificada sobre la base de las regulaciones de protección de datos aplicables o si pv magazine está legalmente obligado a hacerlo.
Puede revocar este consentimiento en cualquier momento con efecto para el futuro, en cuyo caso sus datos personales se eliminarán inmediatamente. De lo contrario, sus datos serán eliminados cuando pv magazine haya procesado su solicitud o si se ha cumplido el propósito del almacenamiento de datos.
Puede encontrar más información sobre privacidad de datos en nuestra Política de protección de datos.