Analizando la oposición social a las renovables desde el punto de vista del territorio

En un artículo anterior, pv magazine ha analizado la oposición legal a las renovables en la Península Ibérica en forma de nuevos impuestos, cánones, tasas, limitaciones e intervencionismo. En esta segunda entrega, se analiza la oposición social al desarrollo renovable, sus causas y formas de atajar la situación.

Conocimiento y valor social, más que «licencia social»

Para Concha Maza, cofundadora de ONSOCIAL2, esta realidad social no es exclusiva del sector renovable, sino que es un reflejo de la polarización actual. “Muestra por dónde va la sociedad: las cuestiones técnicas están perdiendo peso por situaciones o componentes sociales de determinados grupos y narrativas que están tendiendo mucha relevancia”, dice a pv magazine.

Otro tema importante es la falta de compás en la velocidad: “el impulso por la parte de la Unión Europea para desarrollar las renovables ha priorizado la sostenibilidad medioambiental frente a la sostenibilidad social. Y este `desacompasamiento” entre ambas vertientes está creando desafección social en el territorio´, afirma.

Desde el punto de vista sociológico, este tema no es nuevo: “Desde la revolución industrial estamos preparados para medir lo tangible y no medimos lo intangible, lo social”. Maza señala que, en ocasiones, se podría producir un desprecio involuntario e inconsciente respecto a lo rural desde el punto de vista empresarial. “Estamos hablando de dos mundos diferentes obligados a entenderse, como sociedad hemos perdido la forma de comunicarnos y hacer lo que ahora llamados un ‘win-win’, que, en caso de producirse, siempre se cuenta con un relato de victoria por uno de los bandos, falta la sensibilidad para tomar tiempo y estudiar cada casuística.

Como ejemplo, menciona los comunicados de prensa de las empresas cuando llevan a cabo un proyecto: “este enfoque ha variado en los últimos años: hace entre 5 y 7 años, se hablaba de las cantidades de CO2 que ahorraba el proyecto concreto, y se comparaba con árboles plantados y coches retirados de la circulación. Más recientemente, se ha hablado de impuestos y beneficios a las arcas municipales, o de formación a desempleados que tienen, en muchos casos, una trayectoria muy corta”, explica.

Los factores que propician esta situación son, en parte, el desconocimiento y la falta de información, la pérdida de herramientas para estudiar y tener sensibilidad a conceptos más blandos (no solo por parte de empresas, sino también por parte de ayuntamientos), discursos extremistas y alarmistas que generan clics, la reactividad frente a las cuestiones sociales (solo nos movemos cuando las cosas pasan, y no cuando se van deteriorando), acuerdos público-privados sin tener en cuenta a la ciudadanía (por ejemplo, empresa-ayuntamiento, sin escuchar más voces), y la desvinculación (las empresas están deslocalizadas, no están cerca de los sitios donde operan).

“Hay un desconocimiento absoluto por parte de la sociedad de los factores inmateriales, de los retornos intangibles (como cuidar empleados, o de la importancia de cuidar actores territoriales). A esto se une la tecnificación del sector, el sector que se apoya en cuestiones técnicas –lo único que entienden son los impuestos–, y tiene un desconocimiento absoluto de los actores territoriales. Además, en el caso de que haya agentes territoriales, muchas veces hay una gran falta de transparencia”, afirma.

Para ONSOCIAL2, hay varias formas de atajar esta situación: la unidad absoluta del sector, conseguir que se perciba como una apuesta colectiva que vaya más allá de la normativa europea y que haya más convencimiento por parte de las empresas sobre la huella social. No se puede responder como hasta ahora, es una cuestión de personas, no de reguladores”, dice.

En este contexto, muchas invierten muchísimo dinero en campañas de comunicación y de publicidad para convencer a la ciudadanía de que lo que hacen es bueno, pero según Concha Maza, ese no es el camino. “Hay que canalizar las realidades reales y colectivas, se requiere mucha más escucha activa, que el discurso sea una lluvia que cale en todos los niveles, no solo a nivel de impuestos o ayuntamientos”.

Esto se puede construir desde lo que ya existe: reiterar la identidad local, que cada comunidad es diferente, tiene unas vivencias, una realidad, una identidad. “Es fundamental el conocimiento de cada uno, los proyectos no se pueden estandarizar. Sí hay que estandarizar las metodologías, pero no las medidas”.

Concha Maza insiste en la importancia de cómo llamamos a las cosas: “No me gusta nada la palabra “licencia”, parece que la firmas y ya puedes hacer lo que te dé la gana. Aceptación tampoco me gusta; es una HUELLA, es algo vivo, y no pertenece a la empresa. Tiene que ser fruto de una reflexión, adecuarse a una realidad, incluir mucha escucha, y, aun así, una vez creada, irá creciendo, evolucionando, personalizándose… Es imperante reflexionar sobre el cómo, más que sobre el qué. Eso es lo que hay que sistematizar”, concluye.

Expertos neutrales, enfoque participativo con metodología profesional

Inés Monroy, CEO y Fundadora de licenciasocial.energy, aporta su visión sobre el tema:

La identidad territorial es un aspecto fundamental en la forma en que las comunidades perciben y reaccionan ante proyectos de energías renovables. El territorio no es solo un espacio físico, sino una extensión de la historia, cultura y forma de vida. Cuando un proyecto externo llega sin una integración real en la comunidad, puede ser visto como una invasión, no solo en términos materiales (ocupa tierras, altera paisajes), sino también simbólicos (desafía la autonomía local, impone nuevas lógicas de uso del espacio). Esta sensación no siempre responde a argumentos racionales sobre el impacto del proyecto, sino a la percepción de que un externo que no comparte sus valores está decidiendo sobre un territorio que no le pertenece en los orígenes y al que accede por tener dinero.

Cuando las comunidades perciben que su territorio está siendo amenazado por actores externos, es común que se genere una identidad colectiva basada en la resistencia. En muchos casos, los habitantes del territorio no se organizaban previamente en torno a una causa común, pero el rechazo a un proyecto puede convertirse en un factor de cohesión. Se crean nuevas narrativas que refuerzan la idea de «nosotros» frente a «ellos»: la comunidad local frente a la empresa promotora o incluso frente a las administraciones que respaldan el proyecto. En este proceso, los opositores pueden adoptar discursos ecologistas, patrimoniales o de justicia social, no siempre por convicción ideológica previa, sino como herramientas para legitimar su lucha. Esta identidad de resistencia, una vez consolidada, puede dificultar el diálogo y el consenso, ya que el conflicto deja de ser solo sobre el proyecto en sí y se convierte en una cuestión de dignidad y autonomía territorial. Aquí juegan un rol importante los expertos neutrales que logran más fácilmente la legitimación y sólo ellos pueden restaurar una comunicación deficiente y regir un proceso de diálogo con equidistancia para las partes. Las herramientas que se emplean son específicas para la negociación y la gestión de tensiones con alto componente emocional.

La relación con la comunidad no debe plantearse como una mera transacción. Compartir toma de decisiones es tanto o más importante que compartir beneficios. Pero sigue siendo habitual que se relacione aceptación social con medidas de impacto socioeconómico positivo, cuando no necesariamente van de la mano. Es habitual que los promotores presentan sus planes cuando ya están definidos, dejando a la población en una posición pasiva, sin capacidad de incidir en las decisiones. Esta exclusión alimenta una sensación de impotencia y agrava el conflicto, ya que la comunidad percibe que su territorio está siendo negociado sin su consentimiento.

Cuando no se establecen canales efectivos de diálogo, las decisiones se perciben como imposiciones y el rechazo al proyecto se convierte en una forma de recuperar el control perdido. Un enfoque participativo, con metodología profesional, puede transformar la oposición en colaboración, al permitir que la comunidad sea parte del proceso y no solo un espectador de su propia transformación.

El peso de la regulación energética en materia de Licencia Social

Lucas Monsalve, socio fundador de Mediación Verde, comparte su visión de la situación: “El cambio de paradigma energético y el cumplimiento de los objetivos para la descarbonización y transición energética, planteados por el Gobierno y la UE hacen imprescindibles la ocupación de suelos anteriormente no destinados a la generación de energía, y que, aunque porcentualmente no son significativos en extensión territorial con respecto a otros usos del suelo, principalmente corresponden a zonas rurales. A esto se le suma que solo el 20% de la población española, el 35% si se incluyen las zonas periurbanas, vive en el medio rural, que es el 90% del territorio nacional.

Eso hace que la llamada Transición Verde, presenta una significativa desigualdad en su grado de incidencia entre la población que vive en zonas rurales, frente al resto de los españoles.

Ello ha generado en los últimos años en el ya conocido rechazo de muchos territorios por la implantación de renovables, o por el acuñamiento de términos tan elocuentes como “zonas de sacrificio” o “renovables sí, pero no aquí”.

En este acercamiento de la Transición Energética juega un papel fundamental la regulación, y los incentivos legislativos hacia una energía más democrática y descentralizada. Esa labor legislativa cruza diagonalmente a todos los niveles de Gobierno, nacional, autonómico, municipal.

El futuro presenta varios y significativos desafíos en materia de transición energética para España, una de la que más, la necesidad de una revisión legislativa en materia de ¿comunidades energéticas?, almacenamiento, Generación de hidrógeno, y Biogás, así como especificidades en materia de los parámetros a tener en cuenta en las evaluaciones de designación de potencia para el desarrollo de nuevos proyectos de generación con renovables”.

Respecto a quién puede haber detrás de la desinformación, ha dicho a pv magazine que “no creo que hay una mano que orqueste y planifique la desinformación y las fake news en renovables. Más allá de lo que creo que es una «conspiración del algoritmo» – que muestra más las noticias malas y alarmistas que las buenas”, explica.

“Creo que hay diferentes grupos que intentan sacar beneficios de ello y llevarlo para su beneficio (político, electoral, personal o económico). Pero sin orden ni dirección. Por ejemplo, el ecologismo `moderno´ está dividido entre lo local y lo global. Quienes priman lo local y el factor identitario manejan una dinámica de validación dialéctica de: cercano = amigo, veraz & foráneo = peligroso, interesado. Y frente a la desinformación aceptan más las noticias que vienen de alguien del pueblo o una plataforma que hable en su idioma local, que el peso y la coherencia de la información dada”, afirma.

Samso, consultora experta en regulación energética que ofrece Servicios, tanto jurídicos como de incidencia y de asesoramiento en políticas públicas, de calidad y alto valor añadido, ha firmado con Mediación Verde un acuerdo de colaboración “desde sus espacios de experticia para aportar su visión de un sector en continuo cambio y crecimiento”, concluye Monsalve.

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