La Comisión Europea ha anunciado que el laudo arbitral de 2018 en favor del fondo luxemburgués Antin es una ayuda de Estado ilegal, de modo que si España abona la compensación reconocida por el laudo vulnerará la normativa comunitaria. En consecuencia, ordena a España que no desembolse los 101 millones de euros reconocidos en el laudo y que garantice que tampoco haya ningún otro pago, ejecución o aplicación del fallo arbitral, ya sea a Antin o a cualquier otra entidad que haya adquirido o pueda adquirir los derechos derivados del mismo.
Se trata de la primera decisión de la Comisión sobre los arbitrajes de renovables en los que España se enfrentó a inversores internacionales que consideraron ilegales los recortes a las primas a las renovables que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que retiró en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy. Esos cambios se aplicaron también a aquellas instalaciones que llevaban recibiendo ayudas desde 2007, lo que significaba que algunas inversiones de Antin ya no estaban cubiertas por este esquema. Eso llevó a la compañía a pedir una indemnización ante el tribunal de arbitraje de inversiones, que en 2018 estableció que el Estado debía pagar 101 millones de euros a Antin sobre la base del Tratado de la Carta de la Energía (TCE).
La decisión en este asunto, tramitado como piloto, respalda la posición de España, que no ha abonado cantidad alguna relativa a los laudos a la espera de que concluyan los análisis.
La Comisión también recuerda la obligación de los jueces nacionales de asistir a España para garantizar el cumplimiento de su decisión, incluyendo la adopción de todas las medidas necesarias para impedir el reconocimiento, ejecución o aplicación del laudo arbitral en terceros países.
En un comunicado del Ministerio para la Transición Ecológica y reto demográfico (MITECO), se afirma que «España valora positivamente esta medida, puesto que confirma la posición que mantiene en la oposición al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeuropeos, derivados de arbitrajes iniciados por inversores de un Estado Miembro de la UE frente a otro Estado Miembro de la UE», y añade que «La Decisión será invocada por España en las distintas jurisdicciones extranjeras donde el país, en cumplimiento del derecho de la UE, se está oponiendo judicialmente al reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales intraeuropeos. España espera que tales tribunales respeten la Decisión de la Comisión Europea, única institución competente para decidir sobre ayudas de estado».
Al amparo del Tratado de la Carta de la Energía, los inversores internacionales han presentado 51 arbitrajes contra el Reino de España por los recortes aplicados a las renovables, con reclamaciones que suman 10.635 millones. Un total de 43 se han fallado; diez se han ganado; tres se han anulado; tres demandantes han desistido, acogiéndose al marco establecido por el RDL 17/19, y otros ocho están pendientes de laudo. Entre los ganadores, se cuentan un laudo que afectaba a tres empresas y ascendía a 48 millones, o el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo que condena a España a pagar más de 53 millones de euros a la luxemburguesa Novenergia.
Inversores afectados por el impago de los laudos arbitrales por las primas a las renovables han mostrado en un comunicado su preocupación «sobre la intervención» de la comisaria europea Teresa Ribera en el conocido caso Antin y han considerado que se «pone en riesgo la confianza de los inversores en el compromiso de Europa con el Estado de derecho y la competencia en condiciones». Afirman que «el uso indebido del poder institucional en beneficio de una comisaria en ejercicio y de su país de origen socava el compromiso de la UE con la competencia justa y la seguridad jurídica».
«Las acciones de la comisaria Ribera y su gabinete corren el riesgo de causar un daño duradero a la reputación de la UE como sistema basado en normas, comprometido con la equidad, la transparencia y la integridad legal», destacaron.
Sin embargo, Europa Press informa de que Ribera se inhibió del asunto Antin al ocupar su puesto en el Ejecutivo de Ursula von der Leyen y por tanto «nunca llegó a asumir el caso siendo comisaria», según «fuentes comunitarias. En concreto, Ribera habría pedido a la presidenta de la Comisión, en una carta fechada el 19 de diciembre, la recusarse del caso de Antin para evitar un eventual conflicto de intereses debido a que parte de las acciones examinadas ocurrieran mientras ella era la vicepresidenta tercera del Gobierno español y responsable de Transición Ecológica. «Aunque no creo que pueda surgir ningún conflicto de interés en el caso referido, quiero evitar toda percepción (de ello)», argumenta en su escrito a Von der Leyen, en el que Ribera también apunta que la lista de casos de los que inhibirse podría ser enmendada más adelante si en el curso de su mandato como vicepresidenta comunitaria debieran examinarse otros en los que ella haya estado relacionada como alto cargo del Gobierno español.
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