El número de comunidades energéticas en España prácticamente se ha duplicado en dos años, hasta alcanzar 659 en 2024, año en el que se sumaron 200 nuevas comunidades energéticas activas, un 44% más que en 2023.
Además, el 8,10% de los municipios españoles cuentan ya con esta figura. Por comunidades, lideran Cataluña, la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Navarra.
A falta de un registro oficial centralizado que las contabilice –como sucede con las instalaciones de autoconsumo–, la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) y Redeia (matriz de Red Eléctrica) con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica, han desarrollado el segundo informe de indicadores de comunidades energéticas del Observatorio de Energía Común.
El documento, basado en encuestas y registros autonómicos, calcula que en 2024 había 27.000 personas y entidades socias de una comunidad energética. El 69,3% estaban localizadas en el ámbito rural; el 21,4% eran urbanas y un 6,3% trabajaban en los barrios. La mayoría (58,4%) tienen menos de 20 socios, muestra de que siguen “en una fase incipiente”. Solo el 17,7% tiene su primer proyecto en marcha, frente al 12% de 2023.
Las comunidades deben estar legalmente constituidas (en España el 66% lo han hecho como asociación y el 31%, como cooperativas) y controladas por sus socios: personas físicas, empresas y administraciones que se unen para impulsar proyectos comunitarios relacionados con la energía.
La actividad más habitual es el autoconsumo fotovoltaico, pero también pueden dedicarse a movilidad sostenible, rehabilitación de viviendas, almacenamiento, renovables térmicas, acciones contra la pobreza energética…
El informe señala que España es uno de los países de la UE “con menores índices de participación ciudadana activa en iniciativas sociales, culturales o educativas”. Superar esta dinámica representa uno de los principales retos de la transición energética en nuestro país, por ello, expertos del sector reclamaron cambios legales para que esta figura pueda despegar.
Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas en la asociación fotovoltaica UNEF, señaló que estas entidades son “punta de lanza de la electrificación” y “tienen valor social”, pero para falta “regulación” que les permita “la escalabilidad para que puedan participar en igualdad de condiciones”; tanto en la normativa del autoconsumo como en la definición de su control efectivo o sus trámites.
Por ello, UNEF propone habilitar “ventanas de tramitación” en las comunidades autónomas para estas entidades, ayudas fiscales a sus socios en el IRPF o el IBI y cambios en la Ley de Régimen Local que faciliten la participación de los ayuntamientos. En el 61% de las comunidades, los consistorios ejercen como “facilitadores”, cediendo espacios y cubiertas de edificios municipales para proyectos energéticos. Pero los municipios solo son socios en un 21% de ellas.
Pedro Fresco, director de la asociación valenciana de renovables Avaesen, invitó a “pensar fuera de la caja” para “escalar” las comunidades. Por ejemplo, agrupando a pymes, que tienen un consumo muy superior a los usuarios domésticos.
Transición Ecológica sacó a consulta en abril de 2023 un borrador de Real Decreto para regular las comunidades de energías renovables (CER), centradas en proyectos de generación renovable de ámbito local, y las comunidades ciudadanas de energía (CCE), orientadas a cualquier actividad del sector eléctrico. Pero finalmente solo traspuso parte de la normativa europea en un decreto-ley para hacer frente a la guerra en Ucrania (el 5/23).
A pesar de ello, Galicia, Catalunya y Aragón incorporaron novedades legislativas en 2024 con un régimen autonómico específico para las CER y las CCE y líneas de ayuda directa, entre otros instrumentos de apoyo.
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