El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) 2 del gobierno italiano, publicado en el diario oficial del país en marzo, introduce nuevos créditos fiscales para adquirir componentes para proyectos de energías renovables.
Los créditos fiscales para la energía fotovoltaica podrían cubrir hasta el 35% del coste de los módulos solares y se concederán a proyectos que utilicen exclusivamente módulos fotovoltaicos fabricados en la Unión Europea. Se concederán a proyectos con paneles cuya eficiencia de módulo sea superior al 21,5%, o productos con eficiencias de célula superiores al 23,5%. También se concederán a proyectos que utilicen módulos tándem de heterounión o perovskita-silicio con eficiencias superiores al 24%.
pv magazine preguntó a cuatro analistas italianos y a un funcionario de la OMC si los fabricantes asiáticos podrían impugnar las medidas.
Celeste Mellone, socia del bufete de abogados italiano Green Horse Advisory, afirma que “las nuevas disposiciones deben considerarse en el contexto más amplio del Green Deal europeo y de la Ley de Industria de Red Cero (NZIA)”. “Como ya declaró el Comisario de Energía, Kadri Simson, estas medidas pretenden apoyar el mercado europeo sin introducir aranceles o medidas similares contra los productores chinos de módulos”.
Mellone añadió que el impacto sería inicialmente limitado debido a la falta de fabricantes europeos de paneles que cumplan las condiciones.
“Dada la modesta cuantía del crédito fiscal -alrededor de 1.800 millones de euros (1.930 millones de dólares) en el periodo 2024-25- y la escasez natural de módulos que cumplan los requisitos, no esperamos que la medida tenga efectos perjudiciales para los productores chinos en la práctica”, dijo Mellone.
Sostuvo que la posibilidad de un recurso chino contra las nuevas disposiciones es remota.
“Creo que las acciones legales, si se proponen, serán en forma de impugnación del derecho derivado y, por tanto, sólo dentro de unos tres meses será posible verificar si habrá litigios y cuántos”, dijo Emilio Sani, abogado del Studio Sani Zangrando.
Sin embargo, Sani argumentó que la ley italiana debe contextualizarse dentro de la situación europea más amplia.
“En concreto, se contempla la posibilidad de introducir en los procedimientos de subasta de incentivos, sobre el 30% de los volúmenes de subasta o al menos 6 GW al año, la obligación de satisfacer algunos criterios no relacionados con el precio”, explicó Sani. “Presumiblemente, es sobre estas normas sobre las que podría abrirse un importante debate”.
Situaciones similares en el pasado no han desembocado en enfrentamientos.
“Existe un precedente en la OMC relativo a la introducción de las llamadas “restricciones de contenido nacional” para los módulos de producción europea en los planes de incentivos fotovoltaicos italianos posteriores a 2009, que habían sido objeto de una solicitud de consultas por parte de China”, dijo Anna De Luca, abogada de Macchi di Cellere Gangemi. “Sin embargo, el sistema de la OMC lleva varios años en crisis”.
En noviembre de 2012, China inició un procedimiento contencioso en la OMC en relación con determinadas medidas, incluidas restricciones de contenido nacional, que afectaban al sector de producción de energías renovables.
“Como ocurre con todas las diferencias en la OMC, el procedimiento comenzó con una solicitud de consultas en la que se invitaba a ambas partes a sentarse a discutir sus diferencias”, declaró un portavoz de la OMC a pv magazine. “Es cierto que no ha habido novedades en el caso desde la solicitud de consultas de China en 2012, aparte del hecho de que la UE aceptó que Japón participara en las consultas. No tenemos información sobre si esas conversaciones tuvieron lugar y cuándo, ni sobre cuáles fueron sus resultados, ya que son confidenciales entre las partes participantes. Debería pedir más detalles a China y a la UE”.
El portavoz sugirió que incluso tales medidas podrían ser objeto de reuniones bilaterales, en lugar de procedimientos y negociaciones en el marco de las instituciones internacionales.
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